El caso que comenzó como una historia de contrabando digital terminó convirtiéndose en un expediente federal. La cantante e influencer santiagueña Valentina Olguín, de 27 años, fue nuevamente citada por la Justicia Federal de Tucumán y enfrenta un panorama judicial más complejo. El fiscal Agustín Chit le agravó los cargos y le prohibió salir del país al considerar que incurrió en “contrabando simulado en concurso real”, una figura penal más severa que la que enfrentaba originalmente. La nueva indagatoria fue fijada para el 4 de noviembre, y podría ser la antesala de un juicio oral que unifique las causas abiertas en cinco provincias, entre ellas San Juan, donde el gobernador Marcelo Orrego figura como uno de los mandatarios damnificados.
Ahora, Chit busca endurecer la acusación. Al calificar los hechos como “contrabando por simulación en concurso real”, establece que cada operación constituye un acto delictivo independiente, lo que habilita penas acumulativas y una eventual condena más severa. Además, dispuso que Olguín no podrá abandonar el país hasta nuevo aviso.
El concepto de “concurso real” implica que una persona comete varios delitos distintos mediante acciones separadas, a diferencia del concurso ideal, en el que una sola conducta genera múltiples consecuencias penales. En este caso, cada compra, cada uso indebido de datos y cada maniobra de importación simulada se trataría como un delito individual, aumentando así el peso total de la acusación.
Todo indicaría que el Ministerio Público Fiscal tucumano pretende llevar a Olguín a juicio oral, unificando las causas que involucran a los cinco gobernadores. Esa decisión convertiría a Tucumán en el epicentro judicial del caso, desplazando a las demás provincias a un rol accesorio. Hasta entonces, la joven cantante permanece bajo restricciones judiciales y a la espera de una definición que podría marcar un precedente en el uso ilegal de datos fiscales de funcionarios públicos.
El origen del caso
El expediente se originó el 28 de octubre de 2024, cuando el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo denunció que su CUIT personal había sido utilizado sin autorización para realizar compras en el exterior. Las operaciones, según determinó la investigación, se efectuaron a través de la tienda online estadounidense Revolve, especializada en ropa femenina de alta gama. Los paquetes fueron ingresados al país mediante el régimen Courier, utilizando los servicios de FedEx, y entregados en un domicilio particular en el barrio porteño de Núñez. Allí, según constató la Policía Federal, vivía Valentina Olguín.
A medida que avanzó la causa, el fiscal Chit descubrió que no se trataba de un hecho aislado: Olguín había utilizado los datos fiscales de al menos cinco gobernadores —Jaldo (Tucumán), Kicillof (Buenos Aires), Ziliotto (La Pampa), Frigerio (Entre Ríos) y Orrego (San Juan)— para realizar al menos 16 compras distintas entre septiembre y octubre de 2024. En cada caso, falseó información ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), impidiendo que los verdaderos titulares pudieran registrar sus propios cupos de importación y generándoles un perjuicio económico. Solo en el caso de Jaldo, el monto defraudado fue estimado en $1.367.313,08 (USD 1.281,45).
El allanamiento y las pruebas
El 12 de diciembre de 2024, efectivos del Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal Argentina allanaron la vivienda de Olguín en Núñez. El operativo confirmó las sospechas: secuestraron U$S 16.646, un iPhone 15 Pro, una computadora portátil, varias cámaras digitales, facturas de FedEx y once bolsas de la marca Revolve, algunas con prendas aún sin uso. Los elementos fueron incorporados como prueba clave para sostener la hipótesis de contrabando simulado y defraudación reiterada.
En abril de este año, el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a cargo del juez Juan Manuel Díaz Vélez, la procesó sin prisión preventiva y ordenó un embargo por cinco millones de pesos. En su resolución, el magistrado declaró la incompetencia parcial para entender en los hechos vinculados a otros distritos, dejando abierta la posibilidad de que la causa se fragmentara entre distintas jurisdicciones. Sin embargo, ante la magnitud del caso, Tucumán mantuvo la competencia principal al haber sido el primer lugar donde se denunció la maniobra.
Orrego también fue víctima
Entre los gobernadores afectados se encuentra Marcelo Orrego, quien fue uno de los primeros en radicar una denuncia formal contra Olguín, el 10 de marzo de 2025. Según la presentación, en octubre de 2024 su identidad fiscal fue utilizada para realizar una compra que posteriormente fue enviada a nombre de la influencer al domicilio allanado en Buenos Aires.
La Justicia de San Juan elevó la denuncia a Tucumán, y Orrego ratificó los hechos ante la fiscalía de Chit, sumándose así a la lista de mandatarios que exigieron avanzar en el proceso penal.
El caso también motivó un pedido de indagatoria en San Juan, donde Olguín y sus abogados propusieron un resarcimiento económico y ofrecieron una “probation” —suspensión del juicio a prueba— que incluía un acto público de disculpas y presentaciones gratuitas en Tucumán. Sin embargo, esa solicitud fue rechazada por la fiscalía, que consideró que las maniobras de Olguín no fueron un error aislado, sino un patrón reiterado con múltiples víctimas y delitos diferenciados.
Una influencer entre la música y la Justicia
Valentina Olguín no era una desconocida. Su rostro había ganado notoriedad en redes sociales y en el ambiente musical: integró la banda “Dame 5”, apadrinada por Fer Vázquez (Rombai), y desde 2021 desarrolla una carrera solista con miles de seguidores en Instagram y TikTok. La exposición mediática, sin embargo, se transformó en un arma de doble filo: hoy su nombre aparece en portales judiciales más que en listas de reproducción.
En declaraciones anteriores, la propia Olguín reconoció haber utilizado datos ajenos, aunque aseguró que lo hizo por “desconocimiento” y sin ánimo de lucro. Explicó que las prendas eran parte de colaboraciones con una marca extranjera y que, al haberse agotado su cupo de importaciones, recurrió a CUITs disponibles en Internet, entre ellos los de los gobernadores. “Fue una imprudencia, no una estafa”, declaró. No obstante, para la Justicia, esa explicación resulta insuficiente: las operaciones se repitieron, se documentaron, y dejaron rastros en múltiples jurisdicciones.
