Alarma en Mendoza por el derrame de petróleo en una región productiva cerca del río

El caso fue denunciado ante la Justicia y está siendo investigado por organismos provinciales. Se trata de un posible pasivo ambiental de YPF, acumulado de años anteriores, que no había sido detectado por las autoridades. Esto provocó críticas de la oposición, quienes cuestionan la falta de controles en la industria y señalan un trasfondo político, ya que ocurre en un momento en el que el gobierno provincial, liderado por el radical Alfredo Cornejo, impulsa la minería sustentable con promesas de control ambiental.

El abogado Marcelo Romano, exlegislador mendocino, apuntó contra la falta de supervisión de la petrolera estatal y criticó la inacción del Departamento General de Irrigación. "Es un pasivo petrolero en una zona productiva clave. La petrolera debería haber sido controlada, y no lo hicieron", señaló Romano a diario La Nación.

“Es un petrolero pasivo en un lugar productivo, en la tercera zona de riego de Mendoza. La petrolera debería haber sido controlada por la ministra de Ambiente de la provincia, Jimena Latorre, quien hasta hace muy poco, luego de ser denunciada, formó parte del directorio de YPF; y en el Departamento General de Irrigación no hicieron nada. Gracias a los productores ya la inspección de cauce se dio a conocer y hay una denuncia penal. No pueden controlar una industria que vemos aquí, cerca, imagínense cómo van a controlar a una minera en el medio de la Cordillera de los Andes”, advirtió el abogado.

“Es una nueva demostración de la falla de los controles y de la corrupción, con funcionarios de ambos lados del mostrador. Los últimos episodios de contaminación han sido detectados por los habitantes del lugar o por fuera de los controles; ni las empresas lo denuncian; después, lo reconocen. En Mendoza, los controles no funcionan. Hay un mecanismo de confundir y unificar las empresas que explotan la actividad con los organismos de control y el Gobierno; y está pasando con la minería, con Impulsa Mendoza. Es muy malo para la ciudadanía”, contó el diputado provincial Jorge Difonso, impulsor de la Ley 7722, que prohíbe el uso de las sustancias tóxicas en la minería, quien está tramitando un nuevo pedido de informes al Ministerio de Ambiente.

Desde el Gobierno provincial, se maneja la situación con cautela mientras avanzan las investigaciones. El Ministerio de Energía y Ambiente activó estudios de suelo y monitoreo del área afectada, junto con la Universidad Nacional de Cuyo. Hasta el momento, se ha ordenado a YPF realizar tareas de remediación, como la colocación de barreras oleofílicas y la remoción del material contaminado, para minimizar el impacto ambiental.

Aunque las autoridades aseguran que lo detectado es un "pasivo ambiental menor", se espera que los estudios de laboratorio confirmen la magnitud del problema y determinen si la contaminación se extendió a otras áreas. Desde el sector petrolero dijron a La Nación que "ese material posiblemente ha surgido porque el año pasado el río trajo mucha agua, crecieron mucho las napas y eso seguramente estaba abajo, se ha movido y ha salido. Esa zona está remediada desde 2023, con liberación de pasivos de esa zona. Esto es algo nuevo que surgió. Entendemos que fue una situación menor. Y puntualmente ese incidente ya se limpió, y hay que esperar los resultados de los estudios de toda el área. En la industria no es de magnitud, pero si sucedió no está bien y hay que remediarlo".