Tras varios días de tensión política e incertidumbre en Caracas, el gobierno de Venezuela confirmó este jueves la liberación inmediata de un número no precisado de personas detenidas, entre ellas ciudadanos venezolanos y extranjeros. La medida fue anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y se produjo en un contexto marcado por fuertes declaraciones de Estados Unidos, que atribuyó el gesto a la presión ejercida por la administración de Donald Trump.
Rodríguez señaló que la decisión fue adoptada por el Ejecutivo junto a otras instituciones del Estado con el objetivo de “aportar a la unión nacional y la convivencia pacífica”. Según indicó, las excarcelaciones comenzaron a concretarse desde el mismo momento del anuncio y forman parte de lo que definió como una voluntad de búsqueda de la paz y la estabilidad interna. Sin embargo, no se informó cuántas personas serán liberadas ni si la medida implica la anulación de las causas judiciales en su contra.
En paralelo, desde Washington, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo ante el Congreso que la política de Estados Unidos hacia Venezuela se basa en una estrategia gradual orientada a evitar el colapso institucional y a ejercer control económico como herramienta de presión. “El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos”, afirmó el funcionario, al tiempo que defendió la aplicación de mecanismos de aislamiento y condicionamiento, a los que definió como una “cuarentena” política y económica.
En ese mismo marco, la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó que mantiene negociaciones con Estados Unidos para la venta de determinados volúmenes de petróleo. Desde la empresa aseguraron que se trata de una operación de carácter estrictamente comercial, basada en criterios de legalidad, transparencia y beneficio mutuo.
Horas más tarde, el propio Trump afirmó que los fondos provenientes de ese acuerdo serán destinados por Venezuela a la compra de productos estadounidenses, entre ellos insumos agrícolas, medicamentos, equipamiento médico y materiales para mejorar la infraestructura eléctrica y energética.
La liberación de detenidos también tuvo repercusión internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó que fue excarcelada la periodista y activista Rocío San Miguel, de nacionalidad venezolana y española, junto a otros cuatro ciudadanos españoles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó la decisión como “un acto de justicia” y un paso necesario para favorecer el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos siguieron con atención el desarrollo de los hechos. Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, expresó expectativas por una eventual liberación total de los presos políticos, aunque advirtió que el proceso debe enmarcarse en una verdadera política de reconciliación nacional. “No puede tratarse solo de un gesto simbólico ni de una liberación parcial seguida de nuevas detenciones”, señaló.
De acuerdo con los registros de Foro Penal, al 5 de enero aún permanecían detenidas 806 personas consideradas presos políticos en Venezuela. La situación de estos detenidos ha sido, durante años, uno de los principales puntos de conflicto entre el gobierno chavista, la oposición y la comunidad internacional, con reiteradas denuncias por parte de organismos de derechos humanos sobre encarcelamientos de activistas, sindicalistas, periodistas y dirigentes opositores.
En las últimas horas, además, circularon versiones sobre un eventual cierre del Helicoide de Caracas, uno de los centros de detención más emblemáticos del país, tras declaraciones de Trump en las que afirmó que Estados Unidos había puesto fin a lo que calificó como una “cámara de tortura”.
