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SUSCRIBITEEl shutdown se ha convertido en el primer cierre en siete años y el decimoquinto desde 1981, con el antecedente inmediato de un cierre de 35 días en 2018-2019, también bajo la presidencia de Trump.
El gobierno de Estados Unidos entró en un nuevo cierre administrativo (shutdown) tras la medianoche del 1 de octubre, después de que venció el plazo límite sin que el presidente Donald Trump y el Congreso alcanzaron un acuerdo de financiamiento.
Las marcadas divisiones políticas impidieron la aprobación del presupuesto, un hecho que dejó sin aval el proyecto de ley de gastos indispensable para mantener en marcha al gobierno federal. Este se concretó como el primer cierre en siete años y el decimoquinto desde 1981. El antecedente inmediato fue el cierre de 35 días entre 2018 y 2019, también bajo la presidencia de Trump.
Lejos de considerar la parálisis como un fracaso, la administración Trump señaló que el cierre sirvió como una oportunidad para imponer profundos cambios estructurales.
Funcionarios de la Casa Blanca indicaron planes para utilizar las agencias cerradas como una forma de reestructurar profundamente el gobierno federal y consolidar el poder bajo el liderazgo republicano. Esta medida se enmarcó en la política declarada de Trump de reducir el tamaño del Estado.
El mandatario ya impulsaba una reforma cuyo objetivo fue expulsar a 300.000 empleados federales antes de diciembre. Con el shutdown en curso, Trump amenazó con que la medida servirá como plataforma para avanzar en acciones “irreversibles”.
El presidente advirtió que, debido al cierre, la administración puede "recortar a un gran número de personas". Prometió “hacer cosas irreversibles” como represalia por el estancamiento, y advirtió que su administración podría centrarse en programas importantes para los demócratas, “recortando cosas que les gustan”. Trump mencionó específicamente acciones en el ámbito médico y las prestaciones sociales, alegando la necesidad de evitar el fraude, el despilfarro y el abuso.
Como acción inmediata, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, ordenó a todas las agencias federales ejecutar planes para aplicar licencias sin goce de sueldo y eventuales despidos masivos. El vicepresidente JD Vance advirtió que los despidos del personal federal eran “muy probables” si el cierre se prolongó.
La disputa principal que llevó al cierre se centró en el rechazo de los republicanos a la exigencia de los demócratas de extender los beneficios de salud del programa Obamacare que caducaron a fin de año.
En el Congreso, el Senado rechazó tanto el proyecto de financiamiento temporal presentado por los republicanos como la propuesta de los demócratas. El plan republicano no alcanzó los 60 votos necesarios para su aprobación, y los republicanos también bloquearon el plan demócrata.
El cierre afectó a los llamados servicios no esenciales. Se estimó que unos 750.000 empleados federales quedaron suspendidos o despedidos temporalmente y que no recibirán su salario hasta que las bancadas resolvieron sus diferencias.
Aunque programas centrales como Medicare y Medicaid continuarán funcionando, podrían experimentar retrasos por la falta de personal. Mientras tanto, oficinas federales cerraron y la administración de Trump advirtió que podrían tomarse decisiones “irreversibles”, con recortes adicionales a programas vinculados a los demócratas. Expertos, como Rachel Snyderman, exfuncionaria de presupuesto de la Casa Blanca, alertaron que los cierres solo generan “costos económicos, miedo y confusión en todo el país”.