editorial

Reforma judicial, un río revuelto para San Juan

Como tal, depara siempre ganancia de pescador. La historia y el presente de la justicia federal en la provincia, nombres y cargos. Otra vez en el centro político, ¿qué pasará? Por Sebastián Saharrea
sábado, 5 de septiembre de 2020 · 10:47

Siempre que hay pique, lo más aconsejable es tirar la caña. Y más, en un país declaradamente federal pero funcionalmente unitario como Argentina, en el que los rasguños por el presupuesto federal conocen largo de peregrinajes pero también de oportunismos.

Es lo que ocurre ahora con el sistema judicial, sujeto por estas horas a tempestades y feroces pulseadas de intereses. Y que para los que lo miran desde lejos implica un buen momento para filtrar alguno de los viejos reclamos. Como ocurre frecuentemente, incluso con la propia delegación local de la justicia federal.

El antecedente más resonante de aquel oportunismo ocurrió en 1993, cuando las designaciones de magistrados federales en la provincia no eran como ahora: la reforma constitucional que establecería el Consejo de la Magistratura ocurriría un año más tarde, y los jueces surgían de un dedazo presidencial flagrante.

Aquel otoño de 93 fue sacudido por una noticia de alto poder de daño expansivo no sólo sobre la provincia sino sobre su industria madre: de una bodega sanjuanina presumiblemente habían salido partidas de vino adulterado que estaban causando víctimas mortales en todo el país. El célebre caso Torraga con sus productos Mansero y Soy Cuyano, una tradicional bodega caucetera en el foco de la tormenta nacional.

En ese momento, había un solo juzgado federal en San Juan, ocupado por un polémico juez Julio Correa, ya sospechado por algunos manejos y luego destituido dos años después, acusado de cobrar coimas. Como ya había sido creado previamente otro juzgado en la provincia, pero nunca ocupado, el escándalo Torraga fue la oportunidad justa para ocupar el asiento y que una investigación tal delicada no cayera en manos de un juez ya cuestionado.

En cuestión de horas estuvo el nombramiento de Leopoldo Rago Gallo para el nuevo juzgado, el magistrado que desde ese momento viene llevando adelante algunas de las investigaciones más resonantes de la provincia. Su nombre surgió en Buenos Aires de la mano del fallecido Luis Quito Martínez (entonces diputado), quien junto al caucetero Emilio Mendoza manejaban la línea política del gobierno de transición de Juan Carlos Rojas. Una de las puntas de la interna peronista de entonces, en medio de la destitución y luego reincorporación de Jorge Escobar en el 93 que partió al peronismo al medio en esos tiempos.

Dos años después, y ya con la destitución de Correa, su lugar fue ocupado por otro dirigente del peronismo de entonces, el diputado provincial Miguel Galvez. Y así se configuró la justicia federal sanjuanina tal como se la conoce hasta ahora. Con un tribunal oral federal que es el que lleva los juicios y un solo fiscal bifronte, para la instrucción y ese tribunal que dicta sentencia y ocupa Francisco Maldonado luego de la salida también tempestuosa de Yannello.

Justamente ese tribunal oral fue el que dictó sentencia en el caso Torraga en el 95 y se fue renovando con su propio intestino. Lo integraron entonces Walter Moreno Ferrer, Carlos Parra y Juan Carlos Turcumán. El primero se fue en el 2007 en medio de una polvareda por el supuesto unos de autos sin autorización y falta de puntualidad. Los otros dos –de buenos contactos políticos, incluso Turcumán coqueteó con una con una candidatura en el Bloquismo, mientras Parra los mantuvo en el PJ- se jubilaron hace dos años.

Los reemplazaron al primero Hugo Echegaray, secretario del tribunal durante largos años. Y por los otros dos ingresaron el año pasado Daniel Doffo (yerno de Parra, casado con Carolina, jueza correccional de la provincia) y Eliana Rattá, ambos secretario y prosecretaria del mismo tribunal.

Lo que no hay desde siempre es una Cámara Federal, que es la instancia de alzada que resuelve todas las apelaciones a las decisiones de los magistrados federales de la provincia. Es decir que todo aquel que quiere ir a cuestionar alguna esas decisiones ante un tribunal superior, debe emprender camino a Mendoza.

No es lo mismo una Cámara Federal que un Tribunal Oral, vale la aclaración para los incautos a los que no les pareció nada raro la decisión de Macri de reemplazar a dos camaristas (Farah y Ballesteros, a los que pretendía y consiguió desplazar) por dos jueces de un tribunal, y ahora se busca revisar porque el acuerdo original del Senado que requiere el procedimiento legal era para otra cosa.

Y justamente una Cámara Federal –de mínima- es el as que sacó de la manga el gobierno provincial en este cambio de figuritas a nivel político, como siempre se tramitan estas decisiones. Por medio de la buena relación con la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, el senador Rubén Uñac consiguió introducir en el dictamen del Senado la creación de la cámara federal para San Juan, un pedido de larga data.

No se quedó ahí el oficialismo provincial sino que salió a intentar poner en compromiso la cerrada negativa de los legisladores nacional de Cambiemos en San Juan: los diputados Eduardo Cáceres y Marcelo Orrego y el senador Roberto Basualdo. Todos ellos vigilados de cerca por la implacable línea política porteña, que resiste incluso su tratamiento y castiga a la iniciativa como un intento de impunidad para CFK.

A ninguno de ellos les resultará sencillo salir de ese corset que impone el ala dura de Cambiemos, en el que los halcones como Bullrich parecen ir comiéndose de a poco a las palomas como Rodríguez Larreta. Aunque piensen distinto, difícil para ellos ir por un camino diferente. Y más costoso aún con este condimento que es una sensible conquista para el fuero sanjuanino, evidente salto de calidad.

Disyuntiva de hierro se abre entonces. Mantener los pies en el plato de la referencia nacional, pero aparecer insensible a la obtención de un claro beneficio para San Juan, un alto costo que deberán pagar por pertenecer. Hay caminos intermedios para ellos, se verá si también efectivos: bajarle el precio a la conquista de una cámara federal, ningunearla, es uno; bajar el volumen de las críticas a una supuesta impunidad pero votar igual, es otro. Hasta ahora, ninguno se plantea facilitar su aprobación, votando o dando quorum.

Y eso que no está cerrada la lista de posibles beneficios. La creación de una cámara federal implica más presupuesto, cargos judiciales de por vida. En algún momento se mencionó también la posibilidad de la creación de un nuevo juzgado federal de instrucción, además de los de Rago Gallo y Gálvez. Sería uno dedicado a temas previsionales e impositivos, de tipo contencioso, para analizar los casos del Anses y la Afip y liberar al juzgado que entiende de causas penales como narcotráfico. No fue incluido en el dictamen, en el que figura la creación de otros 63 juzgados en todo el país.

No se descarta que aparezca en un algún momento como otro ingrediente para San Juan, lo que implica además de mayor celeridad en los trámites, otra estructura a ocupar. Los que litigan habitualmente en este fuero en la provincia calculan que hay unas 200 causas en trámite, por lo que una descongestión con otro juez no es imperioso. Habrá que esperar los futuros capítulos.

Entre estos legisladores alineados con la oposición nacional, al primero que le tocó ya no expresarse públicamente sino votar fue a Roberto Basualdo. Lo hizo por el no, pero con varias particularidades llamativas. Una de ellas fue su separación de la volcánica línea discursiva opositora: no pronunció una sola palabra sobre eventual impunidad o corrupción. El martes pasado en Paren las Rotativas (a las 22 por Canal 13 San Juan) fue por lado de la cantidad de cargos creados a última hora y su peso fiscal, algo también de “no es la oportunidad”. Sobre la cámara federal, ensayó el argumento de que recién ahora se ocuparon cargos creados hace largo tiempo.

Les tocará ahora a Cáceres y Orrego, si es que la furia opositora se lo permite. Como está la cosa, es probable que ni tengan que pronunciarse, si es que Cambiemos insiste en no convalidar las sesiones a distancia. Sería un alivio para ellos no aparecer votando contra un avance para San Juan. Aunque ya hicieron declaraciones públicas señalando que lo harían en contra.

Se verá con el tiempo si ese voto termina pesando política o electoralmente. Y en esa misma dirección, la de calibrar el grado de interés, una pregunta a la médula del asunto: ¿irán apareciendo las voces de los beneficiarios directos de la ampliación de la estructura de la justicia federal en San Juan? Además de los justiciables, por supuesto que los abogados.

 

 

Comentarios