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SUSCRIBITE En un intento de paliar la fuerte devaluación, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una serie de medidas que tiene como destinatarios beneficiarios de planes sociales, sectores de la informalidad, jubilados y trabajadores privados. Sin embargo, no cayó bien en el empresariado sanjuanino la imposición de un bono de 60.000 pesos en dos cuotas.
Según confirmó Economía, lo cobrarán empleados privados y empleados públicos que perciban un salario igual o menor a 400.000 pesos. El monto es un adelanto de paritarias y tendrá como objetivo "reforzar el poder de compra de los salarios de los trabajadores". La medida destinada al empleo privado impactará en 5.5 millones de trabajadores.
El Gobierno estableció que la primera de esas cuotas deberá "abonarse dentro de los primeros 15 días hábiles del mes" de septiembre, ya que algunas empresas ya avanzaron con el proceso de liquidación de sueldos. En tanto, la segunda cuota deberá pagarse junto con el salario de septiembre, a ser percibido los primeros días de octubre.
El empresariado sanjuanino dudó de la posibilidad de hacer frente al bono desde el momento del anuncio. El presidente de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacios, dijo: “Pedimos medidas de auxilio financiero para las pymes, como créditos y alivio fiscal de forma inmediata, con una tasa muy baja y de fácil acceso. Nosotros tuvimos que afrontar subas de tarifas eléctricas y combustibles, devaluación y apertura de paritarias”.
También el titular de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, Carlos Iramain, expresó que “varios comerciantes no están en condiciones de abonar el bono. En agosto hubo una gran caída de ventas, los números del Día del Niño no fueron los mejores y muchos costos tuvieron un aumento bastante considerable”.
Ahora se sumaron nuevas voces, con duras declaraciones. La presidenta del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan, Laura Zini, redactó un comunicado donde habló de la "inaceptable la imposición de la decisión política del Estado nacional sobre una relación laboral entre privados". Calificó el bono de "inapropiado y poco oportuno".
Además, la delegación local de la CAME, a cargo de Marcelo Vargas, se plegó al comunicado nacional que fustigó la medida, que recordó: "El mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance".
"La injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente", concluyeron.
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