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SUSCRIBITEEl hilo conductor es Eris LLC, empresa que controla Gualcamayo y está detrás de la quiebra de la principal bodega regional. Los cruces con los jefes locales, una amenaza de juicio y una salida sorpresiva. La figura de un enigmático empresario español.
La minera Eris LLC acaba de adquirir el predio de la ex bodega Cinzano, para construir lujosos departamentos, un shopping y un hotel en esa zona vip de San Juan. Es la misma empresa que tendría detrás al español Juan José Retamero, que protagoniza el escándalo que rodea a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Fecovita, una de las grandes compradoras de uvas y elaboradoras de vino en San Juan y Mendoza.
Eris LLC adquirió el año pasado el yacimiento sanjuanino Gualcamayo y fuentes del sector aseguran que detrás de ese fondo inversor se encontraría Retamero, quien incluso habría tenido una pulseada con los geólogos sanjuaninos que eligió para gerenciar la mina, Ricardo Martínez y Mario Juárez. Este español es quien tiene contra las cuerdas a Fecovita.
Es que Retamero está detrás de la empresa Iberte, que como ex socia de Fecovita le está pidiendo la quiebra, generando inquietud entre sus alrededor de 10.000 trabajadores, de los cuales cerca de 50 son sanjuaninos.
Iberte se unió con Fecovita para crear la firma Evisa S.A. con la meta de exportar vinos y mosto a Europa, pero la sociedad se rompió en 2022 y ahora la compañía de capitales españoles le reclama a la cooperativa una deuda de más de 50 millones de dólares.
El conflicto se desató a mediados de 2023, cuando se conoció que Iberte, que tendría sede en Bratislava, Eslovaquia, pidió la quiebra de Fecovita. El secretario de la entidad cuyana, Marcelo Federici, sostuvo en medios nacionales que “primero comenzaron a extorsionarnos, visitando a todos los bancos con los que trabajamos, a todas las cooperativas que conforman Fecovita y a organismos del Estado, con el argumento de que teníamos una deuda millonaria con ellos y por esto nos habían pedido la quiebra”.
Iberte inició en la Justicia Penal una causa por "balances falsos", acusando a Fecovita de no registrar en los balances de 2021 y 2022 la deuda que ellos le reclaman. En esa causa están imputados, entre otros, el ex presidente de Fecovita Eduardo Sancho, el actual presidente, Rubén Panella, y el secretario Federici.
La compañía española eligió como representante en Argentina a Guillermo García, ex presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), quien en septiembre del año pasado presentó en la Legislatura Provincial de Mendoza una extensa carta en la que responsabilizaba a los directivos de la federación de cooperativas por una deuda de más de 26 millones de dólares y los acusó de "escudarse en un insólito y cretino argumento de tinte político" para no pagarla.
A su vez, en marzo de este año, Fecovita emitió un comunicado en el que apelaron al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sus ministros y también a los intendentes “a reunirnos para profundizar el tema y despejar cualquier tipo de duda que tengan”.
En el escrito, expresan que "Juan José Retamero es conocido en la vitivinicultura argentina por tener conflicto con cada una de las empresas con las que intentó hacer un negocio: Fraccionadora San Juan, Bodegas y Viñedos Galán, Jugos Australes y Fecovita. A todas les pidieron la quiebra y la detención de sus representantes”.
“Después de más de un año de conflicto con las firmas Evisa e Iberte, estamos en condiciones de decir que esto es un escándalo jurídico y consideramos que no nos están juzgando con la misma vara”, sostuvo la Federación de Cooperativas.
En abril último, desde la empresa europea se mostraron proclives a negociar, pero el pleito judicial sigue sin resolverse. "Ellos tienen una deuda con Evisa, que es la sociedad que conformaron, y con el ex socio que es Iberte. A Evisa le deben 23 millones de dólares que ellos mismos reconocen y a Iberte le deben otros 26 millones de dólares. Lo que nosotros planteamos es que no queremos que a esa deuda la terminen pagando los 5.000 productores asociados a Fecovita que por la ley de cooperativas son codeudores, ni queremos afectar a la cooperativa. Por eso estamos abiertos a llegar a un acuerdo con nuevas autoridades, que sean confiables, porque las actuales están imputadas", había asegurado el abogado de la empresa española, Carlos Aguinaga, en declaraciones a Diario Uno.
Ese mismo mes, en San Juan, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y afines (FOEVA), salió a advertir que hay “gran incertidumbre” entre los trabajadores por el futuro de sus fuentes laborales, y pidió a la Justicia que se expida rápido en la disputa legal que mantiene Fecovita con el empresario español.
Este mes hubo novedades, más precisamente el 8 de agosto, cuando el fiscal Juan Ticheli, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de Mendoza, imputó a los directivos de Fecovita por la presentación de un tercer balance falso, los citó a indagatoria y les prohibió salir del país. Desde Fecovita plantearon que no se les podría reclamar nada ya que descubrieron que Iberte vendió en 2022 las acciones de Evisa, la firma que conformaron cuando se asociaron.
Retamero no suele aparecer en público, pero sí detrás de todos estos emprendimientos comerciales. Hay pocas fotos que muestran su cara y no se le conoce la voz, sólo se sabe de él mediante su vocero Garcia, que es quien viene defendiendo los intereses de Iberte en los tribunales y medios mendocinos.
En setiembre del 2023 la compañía colombiana Mineros anunció la venta del total de su participación en la mina Gualcamayo y presentó al nuevo comprador, la empresa Eris LLC, con sede en Mendoza. La mina de oro jachallera estaba con amenaza de cierre y la inversión avivó la expectativa de seguir operando durante dos décadas más, enfocada en explotar los carbonatos profundos del yacimiento. Así se mantendrían 400 puestos de trabajo.
La inyección de fondos frescos no tuvo el arranque esperado al punto de que el intendente de Jáchal, Matías Espejo, dijo en abril de este año que el destino de la mina, principal sostén de la economía del departamento norteño, lo llenaba de “incertidumbre”. Esto, porque las inversiones de LLC aún no se concretaban y, por el contrario, se habían producido decenas de despidos.
Cuando se vendió Gualcamayo lo primero que trascendió es que se trataba de capitales norteamericanos. El sector minero evitó dar a conocer quiénes eran los dueños, y solo se supo que se trataba de un consorcio inversor inscripto en Estados Unidos, y sin tradición en el negocio minero. Luego surgió con fuerza la versión de que se trataba de capitales españoles. Finalmente, las fuentes identificaron con nombre y apellido a quien estaría detrás de la firma: se trataría de Juan José Retamero.
El empresario español habría estado detrás de la elección para gerenciar Gualcamayo de los sanjuaninos Ricardo Martínez y Mario Juárez, con quienes se desató una pulseada impensada. Es que los habría contratado para hacer los informes previos a la compra de la mina para después ponerlos a cargo del proyecto, pero hubo diferencias entre ellos.
En el sector aseguraron que por las tensiones entre el español y los sanjuaninos había llegado a hablarse de una posible denuncia por estafa del primero contra los segundos. Finalmente, el conflicto entre ellos se habría resuelto con la sorpresiva salida de Juárez.
El alejamiento del geólogo de su encumbrado cargo no fue comunicado inmediatamente por la empresa. Cuando finalmente lo confirmaron, desde Gualcamayo afirmaron que el profesional dejó “la Gerencia General para buscar nuevos desafíos profesionales” y que “el aporte de Mario fue fundamental durante esta etapa de transición”. Su cargo es ocupado ahora por Gabriel Corvo.
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