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SUSCRIBITETras una reunión con empresarios, indicaron que el Gobierno avanza en una reforma laboral e impositiva que podría transformar el sistema tributario vigente. Uno de los ejes centrales es la supresión del Monotributo, régimen al que hoy pertenecen alrededor de 3 millones de contribuyentes.
El Gobierno nacional trabaja en una reforma laboral e impositiva que podría modificar de manera profunda el esquema bajo el cual operan hoy millones de trabajadores, que van desde monotributistas y autónomos hasta empleados en relación de dependencia y empresas. Las conversaciones avanzan entre el Ministerio de Economía y el sector privado, con borradores que circulan entre cámaras empresarias y estudios especializados.
Según publicó Clarín, parte de las propuestas están contenidas en un documento confidencial titulado “Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional”. Ese texto, al que accedió el diario de tirada nacional, incluye cambios sobre la Ley de Procedimiento Tributario y la Ley de Seguridad Social, con ideas que algunos especialistas consideran un “globo de ensayo” hasta que se cumpla el plazo de confidencialidad firmado por los integrantes del Consejo de Mayo, vigente hasta el 15 de diciembre.
Desde su llegada al poder, la administración de Javier Milei ya aplicó una primera etapa de reformas laborales y ajustes en los regímenes de monotributo y autónomos. Sin embargo, la informalidad siguió subiendo y hoy alcanza al 50,6% de los trabajadores. A eso se suma una caída real en la recaudación durante los últimos meses, un escenario que acelera la búsqueda de nuevos mecanismos para ampliar la base tributaria sin elevar la carga sobre las empresas.
Ahora, con el resultado favorable en las elecciones legislativas, el Gobierno planea avanzar hacia una segunda fase. Trata sobre una flexibilización laboral más profunda y una reconfiguración del esquema impositivo que reduciría costos al sector empleador, pero incorporaría a más contribuyentes al régimen general.
Una de las propuestas más sensibles es la eliminación del Monotributo. La idea oficial es que los actuales inscriptos pasen al régimen de autónomos -un planteo que desde hace tiempo impulsa el Fondo Monetario Internacional- para “blanquear” operaciones y ampliar la trazabilidad de los ingresos.
El cambio implicaría que quienes superen determinados umbrales deban pagar IVA y Ganancias, como cualquier responsable inscripto. A modo de compensación, Economía analiza ampliar las deducciones personales para que cada contribuyente pueda descontar más gastos, siempre con comprobantes. “Derogan el régimen, pasás a ser autónomo y te van a compensar con mayores deducciones. Vas a tener que pedir factura, y eso blanquea la economía”, explicó una fuente al tanto de las negociaciones.
Hoy existen 2.159.000 monotributistas, aunque desde ARCA estiman que el universo real se acerca a los 3,2 millones.
Para el régimen de autónomos, el Ministerio de Economía evalúa una fuerte actualización de las cuotas mensuales, que pasarían del rango actual de $57.000–$250.000 a un esquema de $100.000-$500.000. El salto representaría aumentos de hasta el 100%.
También se habilitaría la deducción de gastos personales -algo actualmente limitado- y se establecería un umbral mínimo de facturación para el pago de IVA equivalente a la categoría F del Monotributo, es decir, $3 millones mensuales. En el país existen unos 388.000 autónomos, cifra que representa cerca de un tercio de los profesionales activos.
El Gobierno busca fijar un único mínimo no imponible equivalente a un salario promedio de $1,7 millones en 2025, lo que implicaría bajar el piso actual, que hoy empieza en $2.843.180 de salario bruto para un trabajador soltero sin hijos. Con ese cambio, Economía calcula sumar alrededor de 3 millones de nuevos contribuyentes al régimen.
Otra novedad en estudio es cambiar la denominación del tributo por “Impuesto sobre los Ingresos Personales”.
Si bien se había barajado una reducción del tope de alícuotas, el borrador mantiene la escala vigente (del 5 al 35%) y elimina las deducciones específicas de cuarta categoría y por carga de familia. Las deducciones de gastos -con comprobantes- subirían a un tope de $5 millones anuales.
Actualmente, Ganancias alcanza a 737.584 personas: 86% empleados y 14% jubilados y pensionados.
El plan también incluye cambios para las empresas. Para las nuevas relaciones laborales -empleados que lleven más de seis meses sin trabajo o ex monotributistas- se prevé una reducción de contribuciones patronales que bajarían del 25,5% al 22%. En los casos de creación de empleo neto, podrían caer hasta el 17%. Para los empleados, los aportes disminuirían del 17% al 14% o al 13%, según el caso.
En paralelo, Luis Caputo y Federico Sturzenegger impulsan que compañías y gremios adopten el Fondo de Cese Laboral, un esquema similar al de la UOCRA que reemplaza la indemnización tradicional por un aporte mensual del empleador. Caputo adelantó esta semana en la Bolsa de Comercio que el Gobierno evalúa “bajar tres puntos las cargas patronales y reemplazarlas por el fondo de cese obligatorio para facilitar la contratación y la litigiosidad”.
Si se contrata a un trabajador nuevo, se eliminaría el 16% correspondiente a ANSES, la obra social bajaría del 6 al 4%, PAMI seguiría en 2% y se sumaría un 3% destinado al Fondo de Cese, totalizando un 17% de cargas.
En el caso del trabajador, se mantendrían los aportes a ANSES (11%) y PAMI (3%), mientras que el 3% destinado a la obra social sería voluntario.
Pese a que las contribuciones patronales bajaron sostenidamente desde 1993 -del 33% a un rango actual de entre 20% y 25% según el sector-, la informalidad asalariada aumentó: pasó del 32,7% al 37,7% actual. Esa tendencia es la que el Gobierno busca revertir con el nuevo esquema.
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