domingo 5 de abril 2026
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SUSCRIBITE Se necesitan más de 1,1 millones de pesos para construir un metro cuadrado en la provincia.
Un duro comunicado reclamando pagos atrasados y alertando por la continuidad de las obras y el empleo, emitido por Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), generó alerta esta mañana cuando fue difundido por los constructores locales. Sin embargo, desde la cámara que los agrupa salieron a relativizar el impacto de los alcances en San Juan. Julián Rins, presidente de la delegación local de Camarco, dijo que en la provincia hay atrasos, pero que se están solucionado; y que no hay riesgo de paralización de obras.
“Estamos cobrando con ciertas demoras, es necesario que se regularice para que haya un desenvolvimiento normal de las obras; pero por el momento no hay riesgo de que se paralicen porque está la expectativa de que el gobierno de San Juan lo regularice pronto”, dijo el empresario. Agregó que si bien actualmente “los desfasajes de los pagos los están asumiendo las empresas”, sostuvo que “las obras continúan o están curso, porque las empresas están haciendo aportes de su capital de trabajo porque hay expectativas ciertas de que el tema se resuelva”.
Rins recordó que el gobierno local implementó mejoras en la redeterminación de precios, para actualizarlos de manera más ágil y en menor tiempo, que los 120 a 180 días que las empresas constructoras tardan en cobrar en medio de una inflación imparable. También se ha avanzado en la sanción de una ley de Emergencia Económica hace pocos meses, pero aún no se implementa en su totalidad. “Como toda cosa nueva, tarda en implementarse, pero está en vías de solución”, justificó Rins.
El tema cobra vigencia en momentos donde el propio gobierno provincial reclamó la semana pasada fondos nacionales adeudados por diversas obras públicas, especialmente de viviendas y de obras sanitarias de ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento). El propio gobernador Uñac dijo que se están haciendo gestiones con ministros nacionales para destrabar las deudas nacionales que alcanzarían un monto de unos $ 2.300. Incluso viene realizando aportes con fondos propios para no frenar las obras. Si a eso se suma la crisis docente que obligó a la gestión uñaquista a aumentar la grilla salarial de la totalidad de empleados públicos, la demora nacional está poniendo en riesgo el desenvolvimiento de las finanzas públicas.
Las empresas constructoras del país plantearon los serios problemas que afectan a las empresas asociadas que ejecutan obras públicas y decidieron emitir una Declaración para advertir a autoridades y comunidad la gravedad de la situación y sus inminentes y previsibles efectos. Indicaron que, de no actuarse inmediatamente, las actuales circunstancias podrían llevar a graves efectos sobre el empleo en el sector, con peligro en la continuidad de las empresas. Las pymes dicen que, agravado por la inflación, en los últimos meses se ha pasado, de un desequilibrio financiero, a una grave afectación económica, de alto impacto, que consumirá los patrimonios de las empresas.
Y para evitar la crisis de empleo y actividad, solicitaron el pago urgente e íntegro de los trabajos ejecutados, los intereses por mora y sus redeterminaciones de precios, que adecuan los valores contractuales desactualizados a los costos actuales en todos los contratos. También solicitan la aprobación y certificación rápida de las citadas redeterminaciones de precios, y que los contratistas puedan neutralizar los plazos de obra, sin penalidades ni congelamientos, hasta que la situación sea resuelta. Por último, requieren la adopción de medidas para reconducir los Contratos en ejecución, en cuanto a precios y plazos, para posibilitar la continuidad.