El presidente Alberto Fernández mandó un proyecto de ley para congelar el precio de los alquileres y frenar los desalojos en virtud de la crisis económica que se profundiza con la cuarentena decretada para frenar el avance del coronavirus. El presidente de la Cámara de Inmobiliarias, Mauricio Turell, dijo que son cautelosos tras el anuncio, que hay predisposición de los propietarios a negociar con sus inquilinos en virtud de la situación pero que temen por la imposibilidad de desalojar ante casos de viveza como así también tienen miedo por la extensión en el tiempo que tendrán estas medidas.
Uno de los anuncios realizado por Fernández apunta a congelar los valores de los alquileres. Turell dijo que esto implicaría que aquellos contratos que se están por vencer sean renovados al mismo monto que pagan los inquilinos en la actualidad. "Se trata de congelar los precios de aquellos contratos que estén por vencer o hayan vencido en la cuarentena. Queremos que esta legislación no provoque daños ni al inquilino pero tampoco al propietario. Todos estamos dispuestos a colaborar, pero hay que tener en cuenta que en esta cadena de pagos además de los dueños también están las inmobiliarias, que obtenemos porcentajes de cada renta", indicó el referente.
Con respecto a los pagos de los meses de alquiler y ante la posibilidad de que algún inquilino se demore por la crisis, Turell aseguró que la mayor parte de los propietarios está dispuesto a negociar y entienden la situación, sobre todo cuando se trata de inquilinos de años, de buen comportamiento. Hay algunos que aceptarán el pago en cuotas, sobre todo aquellos casos de locatarios de locales comerciales que deben mantener sus puertas cerradas. "Se sabe qué si tienen cerrado el comercio no tienen de donde sacar el dinero para pagar. Habrá contemplaciones, hay disposición", explicó.
El problema se presenta ante la imposibilidad de desalojar durante 180 días. Turell interpreta que esa imposibilidad no permitirá indiscriminadamente que los inquilinos no paguen las obligaciones contraídas sino que será para casos especiales, que deberán quedar especificados en la legislación que mande Fernández al Congreso.
Uno de los mayores dolores de cabeza del sector, que comparte con otros, es hasta cuándo se va a extender esta situación. "Un panorama es si esto es por abril y otra muy distinta si se prolonga hasta junio, hay preocupación", concluyó Turell.
