Un peritaje de una dependencia de la Policía Federal solicitada por el fiscal Ramiro González indicó que está "acreditada la contaminación de los ríos Potrerillos, Blanco, Jáchal, Palca y Las Taguas” como consecuencia del derrame de setiembre pasado, según informó el diario La Nación en su edición de hoy. Pero la empresa Barrick lo desmintió este martes los análisis externos que se realizaron indican que "incluso al día de hoy no hubo ni hay riesgo para los trabajadores y las comunidades”, además de explicar los niveles hallados por la justicia federal en la "presencia natural e histórica” de esos niveles, como lo demuestran estudios de línea de base realizados antes de la puesta en marcha de la mina.
"Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 [de residuos peligrosos], por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación", sostiene el informe, que fue elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) y citado por La Nación.
De acuerdo con este informe, "todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total"; en algunos casos, por encima de los valores máximos permitidos por la ley. Lo mismo pasó con otros metales pesados. Además, se identificó "una excesiva concentración" de sales y cobalto en el agua de red domiciliaria.
"Para responder si la dosis existente es inadecuada para el consumo, debería consultarse con un profesional médico", advirtió el peritaje. Como consecuencia, el fiscal acaba de pedirle a la Facultad de Medicina de la UBA que analice las muestras de la red domiciliaria de Chinguillos y Angualasto (donde se detectó exceso de sales y cobalto) y dictamine si estas concentraciones "pueden resultar dañosas para la salud" de la gente. También citó a declarar al jefe de Delitos Ambientales de la PFA.
Junto con este estudio, el juez encargó además otro, en paralelo, al Instituto Nacional del Agua (INA), que usó parámetros propios y obtuvo resultados menos categóricos. En ningún momento afirmó -como sí lo hizo la PFA- que se hubiera violado la ley.
Barrick, por su parte, emitió un comunicado en el que indica los siguiente: "El análisis de muestras, por laboratorios externos y por diversas entidades públicas y privadas, confirman, incluso al día de hoy, que no hubo ni hay riesgos para la salud de los trabajadores, las comunidades o el ambiente, derivados del incidente ambiental ocurrido en la operación Veladero en fecha 13 de septiembre de 2015. Las muestras tomadas desde el momento del incidente y con posterioridad así lo ratifican.
Esto, además, ha sido confirmado por numerosos estudios de terceros tales como el Instituto Nacional del Agua (INA), la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el Centro de Investigaciones para la Prevención de la Contaminación Minera e Industrial (CIPCAMI), encomendados por la Justicia federal, provincial y el Ministerio de Minería, así como los encargados por la propia empresa a laboratorios de la provincia de San Juan.
Concretamente en relación a otras sales y minerales que se mencionan, la compañía destaca que son producto de la presencia natural e histórica de estos componentes en los ríos de la zona. Así lo demuestran los estudios de línea de base realizados antes de la puesta en marcha de Veladero y ampliados a lo largo de la vida de la mina.
Por último, Barrick no ha sido notificada sobre las actuaciones de la Justicia federal mencionadas en los medios periodísticos en el día de la fecha. Como siempre, la compañía se encuentra comprometida a colaborar con cualquier requerimiento de la Justicia”.
