El juez de la Segunda Circunscripción judicial, Pablo Oritja, procesó a los nueve ejecutivos de la empresa Barrick por el derrame de un millón de litros de solución cianurada en la mina sanjuanina de Veladero, publicó Diario de Cuyo.
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SUSCRIBITEEl juez de la Segunda Circunscripción judicial, Pablo Oritja, procesó a los nueve ejecutivos de la empresa Barrick por el derrame de un millón de litros de solución cianurada en la mina sanjuanina de Veladero, publicó Diario de Cuyo.
La resolución tiene fecha hace dos semanas, pero recién en estos días la Justicia notificaría oficialmente su decisión. Se trata de empleados jerárquicos que ocupaban un rol clave en el control del yacimiento aurífero de Iglesia, y por este motivo se los acusa de ser responsables de la contaminación por manejarse con negligencia e impericia.
Oritja ordenó también en su fallo embargar a los acusados por un monto de 100 mil pesos. El texto completo y los fundamentos de la decisión se conocerán en una próxima conferencia de prensa.
Los empleados de Barrick Gold afectados por la medida judicial son Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (también de Procesos), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente), Walter Pizarro (gerente de Procesos) y Antonio Adames (gerente General). El último había sido desplazado tras el incidente ambiental, mientras que el resto de los jerárquicos seguían trabajando en la mina.
El derrame de solución cianurada ocurrió hace casi 5 meses, el 12 de septiembre de 2015. Los nueve ejecutivos de la multinacional canadiense quedaron imputados penalmente por haber causado una adulteración peligrosa para la salud del agua, el aire o el suelo "por imprudencia o negligencia... o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas".
El delito está tipificado en el artículo 56 de la Ley nacional de Residuos Peligrosos (24.051), que impone una pena de 1 mes a 2 años de prisión en suspenso. De ser encontrados culpables, la sanción no será de cumplimiento efectivo.

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