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SUSCRIBITE El juez federal Leopoldo Rago Gallo le ordenó al Tribunal de Tasación de la Nación que le valúe cada uno de los 16 terrenos que adquirieron empresas constructoras sanjuaninas que están siendo investigadas en el marco de la construcción de barrios del IPV con el programa Techo Digno de la Nación.
Esa prueba será crucial en la investigación para saber si hubo o no sobreprecios por parte de los empresarios hacia el Estado Nacional.
El peritaje del Tribunal de Tasaciones de la Nación será a la fecha de la adquisición de esos terrenos por parte de las empresas, como también en base a los valores del mercado local.
Ese trabajo será un punto de referencia elemental para que se decida si se imputa o no a los empresarios de la construcción que están siendo investigados por una sospecha que nació en la Unidad de Información Financiera (UIF), quien le informó a la PROCELAC, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, desde donde se dio intervención a la Fiscalía Federal General de San Juan, a cargo de Francisco Maldonado.
La sospecha surgió en la UIF porque hay una diferencia de 37,4 millones de pesos a favor de los empresarios constructores, entre lo que pagaron por los terrenos y lo que se lo facturaron al Estado Nacional a través del IPV.
Otro dato que llamó la atención a la UIF es que las operaciones de transferencia de los terrenos fueron en un mismo día o con muy poco tiempo de diferencia entre que lo compraron a los particulares y lo transfirieron al IPV.
En esas 16 operaciones inmobiliarias están involucradas 14 empresas constructoras locales.
Las empresas adquirieron los terrenos y los incluyeron como parte de su propuesta económica a la hora de participar en las licitaciones para la construcción de los barrios.
Lo que por ahora no está claro es por qué hicieron la operación de la transferencia del terreno en un mismo día. Ni a qué responde la diferencia de precio entre lo que pagaron al dueño del terreno y lo que facturaron al Gobierno Nacional a través del IPV.
El Tribunal de Tasación de la Nación es un organismo técnico dirigido por ingenieros y arquitectos propuestos por el sector público y por entidades profesionales privadas.
Se supone que en cada operación de la construcción de barrios hay una intervención del Tribunal de Tasaciones de la Provincia, organismo local que tiene la misión de supervisar los montos que el Estado está pagando. Pero como este organismo forma parte del sistema que investiga la Justicia Federal, el juez Rago recurrió al Tribunal de Tasación de la Nación.
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