Es uno de los caminos más pintorescos de la provincia. Lo usan para expediciones de aventura y también, por desgracia, los cazadores furtivos. Es imponente y dueño de una historia muy particular: por allí pasaba el telégrafo hacia Barreal en tiempos de Cantoni y cortaban camino las tropas rumbo a Calingasta. Por eso le llaman los conocedores el Camino del Soldado, o Camino a Maradona. Lo asombroso es que todo eso, rutas, ríos y puentes incluidos, está en manos de un privado y ahora se investiga una presunta maniobra en Catastro que pudo hacer eso posible.
Se trata de una causa de recorrido curioso porque la denuncia penal fue activada por el propio juez civil que le cedió a la familia Recabarren el dominio sobre estos terrenos. Cuando el magistrado se dio cuenta que la mensura que empleó para entregar esos dominios por usucapión estaba plagada de presuntas irregularidades, él mismo giró las actuaciones a la justicia penal para que determine si hubo o no estafa procesal. Y los elementos recogidos por la justicia hasta ahora avalan esa presunción, por eso esta semana comenzó a tomar declaración indagatoria a los presuntos involucrados y la próxima semana hará una inspección ocular al lugar. El expediente tiene otro atractivo porque su trámite podrá impactar también de carambola en el escándalo de las expropiaciones (ver aparte).
Si bien la historia de la posesión de estos atractivos dominios se remonta a muchos años atrás, éste expediente en particular se activó en junio de 2010, cuando el juez civil Olivares Yapur entregó a la familia Recabarren el dominio de estos encantadores paisajes zondinos y calingastinos. El problema fue que lo hizo por medio de una mensura (06/15-617/3546-05) realizada por el ingeniero agrimensor Ugrim que contaba con varias presuntas irregularidades. En primer lugar, abarcó una ruta provincial (la número 265), los cauces y afluentes del río de la zona y nueve puentes, que de ese modo quedaban comprendidos por la nueva propiedad de los Recabarren.
Pero el problema saltó por otro lado. Porque la mensura de Ugrim también se superpuso con otra propiedad de un vecino, llamado Salvador Esteban Monlas (o Monla, como lo lama el expediente en varios pasajes, igual apellido que el actual intendente de Zonda). El abogado de Monlas, Alejandro Mut Paton, ya había realizado fuertes críticas a la mensura que usó el juez para entregarle el terreno a Lelia Silvia Recabarren por prescripción adquisitiva (usucapión, es decir el uso de una propiedad abandonada por su dueño), y cuando se publicó el edicto saltó con los tapones de punta y volvió a cuestionar la mensura.
Lo que dijo el abogado le hizo caer la ficha al juez sobre la posibilidad de una seria irregularidad en Catastro con la confección de la mensura. Porque la mensura ni siquiera mencionaba la existencia allí de una ruta, de afluentes de ríos que también son de dominio público por razones obvias, y hasta de puentes que habían sido construidos allí hace varias décadas para facilitar los desagües. Además de ir en contra de los intereses de su cliente, a quien en teoría le estaban comiendo una parte de su terreno, ubicado al Norte del río Ancho de los Colorados.
Lo que planteó Mut Paton al impugnar la mensura es que el agrimensor Ugrim mensuró parte del inmueble de Monlas (o Monla) y que además no notificó a los lindantes ni le dio participación a la Dirección de Vialidad y al Departamento Hidráulica ante la existencia nada menos que de una ruta y varios cauces. Y que en Catastro también hubo irregularidades porque el organismo debió haberle dado intervención a esas reparticiones para evitar que se produjera lo que se produjo, es decir la cesión de ese espacio público a un privado. Tampoco la mensura le daba intervención a la Fiscalía de Estado, para que el interés público pudiera defenderse de los que se estaba cocinando: quitarle al Estado una parte de su patrimonio.
Esa impugnación del abogado abrió los ojos del juez civil que había otorgado la usucapión en favor de Recabarren. Por eso, pocos meses después, en noviembre de 2010, el propio Olivares Yapur elevó las actuaciones al Quinto Juzgado de instrucción, donde después de haber permanecido congelado comenzó a moverse en los últimos días.
Lo que extrañó a los Monla es que ellos viven en el terreno en cuestión y poseen título desde 1953, según lo que le dijeron al juez. Ese interés privado es lo que activó las dudas por la presunta estafa al patrimonio público con la ruta y los cauces de agua. Pero esa disputa entre privados sigue en pie porque la mensura cuestionada aún sigue vigente.
Todas las actuaciones en la justicia civil y un reclamo hecho por Monlas ante la Defensoría del Pueblo están ahora incorporadas a esta investigación penal por una presunta estafa cometida en la las oficinas de Catastro. La carta topográfica del Valle de Tulum donde consta que en el terreno mensurado para la usucapión de Recabarren SI HAY ríos y márgenes además de una ruta que corre de Esta a Oeste; el nomenclador de rutas del 2004 de la Dirección Provincial de Vialidad donde figura esta especie de ruta "olvidada” por el agrimensor y por Catastro; el título de dominio de Monlas.
También otro dato asombroso que grafica la puja privado-público de estos territorios en cuestión. Es un recorte del diario El Zonda del año 2007 cuando el juez correccional Eduardo Gil –flamante jubilado luego de pasar por una polémica Sala Penal en el escándalo expropiaciones- decidió ir personalmente a levantar una tranquera que los supuestos dueños había puesto sobre esa misma ruta provincial 265.
Sí, la misma ruta que la mensura "olvidó” tener en cuenta en 2010 (para el fallo del juez civil Olivares Yapur) y que tres años antes ya había sido objeto de tironeos. Los "dueños” pusieron la tranquera obstaculizando el paso por la ruta, y los vecinos del lugar comenzaron a quejarse porque les impedía el paso, además de a los motoristas enduro que utilizan esa zona como recreación. Esos "dueños” habían sido autorizados en 1992 por Vialidad a poner la tranquera "de carácter precario”, al aceptar el argumento que entraban los furtivos y les ocupaban la propiedad privada.
Pero dos vecinos, Jorge Peluc Álvarez y José Luis Álvarez Todesco, hicieron el reclamo judicial que ordenó levantar la tranquera. Tuvo que ordenar el propio juez que levantaran la tranquera para que al final lo aceptaran a regañadientes.
Ese episodio fue previo a este nuevo escándalo en que directamente le cedieron a un particular no sólo la ruta que ocasionó esa disputa –la provincial 265- sino también los cauces de los ríos. Hasta ahora, ni el fallo civil ni la mensura fueron revocados, aunque opera una cautelar que impide ejecutar la sentencia.
Ahora, la justicia penal investiga esos "gruesos errores”, por así llamarlos. Tampoco Catastro ha respondido sobre estas presuntas irregularidades, por lo tanto lo deberán hacer por vía judicial en los próximos días. En concreto, deberán explicar por qué no sólo no incluyeron a las reparticiones en la mensura ni hicieron notar la presencia de una ruta y cauces de agua, sino por qué no respondieron a los cuestionamientos escritos que les formularon.
En los próximos días habrá la primera rueda de declaraciones indagatorias entre los sospechosos de haber cometido esta estafa en perjuicio no sólo del patrimonio público sino también de un vecino, que fue el que justamente encendió la luz de alerta sobre esta posible operación. No se descarta que se dicten procesamientos antes de que se produzca el recambio en el juzgado, hoy a cargo de Benito Ortíz (titular del Primero de Instrucción) temporariamente hasta que se designe al sucesor de María Inés Rosellot.
Por lo pronto, también se planea una medida de inspección ocular en todo el trayecto cuestionado. De acuerdo a lo que se sostiene, hay nueve puentes involucrados en todo el cauce del río, llamado Ancho de los Colorados y que desemboca en el Puente Blanco: seis de ellos en el tramo entre el Puente Blanco y el Río de la Ciénaga (ingresando por la ruta 12 en la Quebrada de Zonda) y otros tres en el tramo entre el Río de los Papagayos y el Puesto Agua Pinto. Cuando vayan, ya seguramente no deberían encontrar la famosa tranquera a la que un juez le tuvo que romper el candado para poder pasar.
El posible impacto en otro escándalo: las expropiaciones
Estas presuntas irregularidades en la cesión de un parque natural impactante a manos de un privado puede tener su repercusión en otra causa, aún más escandalosa: el expediente de las expropiaciones, tramitado en el mismo juzgado, y que investiga si hubo una red de abogados, peritos y hasta jueces dedicada a saquear a la provincia con el pago de precios inflados de terrenos expropiados.
Ocurre que en este caso del Camino a Maradona intervino la Fiscalía de Estado para solicitar una cautelar que frene la inscripción de dominio a nombre de los "dueños” designados por el juez Olivares Yapur, Lelia Silvia Recabarren y Otra. Pero además, avanzó para que se considere a éste trámite judicial como "cosa juzgada írrita”. Eso quiere decir que se vuelva fojas cero toda la investigación, para que se vuelva a instrumentar el expediente judicial.
El mismo mecanismo es el que la Fiscalía de Estado piensa impulsar para los expedientes del escándalo de Expropiaciones y en el que el Camino a Maradona puede ser un antecedente: que la justicia considere a esos casos civiles como "cosa juzgada írrita” y se vuelvan a realizar. Eso quiere decir que por ese mecanismo quedarían sin valor las sentencias civiles que favorecieron a los reclamos del abogado Santiago Graffigna con la obligación a la provincia de pagar cientos de millones de pesos, dictados por los jueces Rosalba Marún (renunciante y procesada) y Carlos Macchi (destituido).
