La puja por la libertad de represores sin juicio

El fiscal Maldonado dijo que “la Corte ha entendido que el plazo de 2 años no es automático, fundamentalmente en casos de lesa humanidad porque se están investigando crímenes cometidos por agentes estatales estando en funciones, que orquestaron un plan clandestino de represión y dentro de ese plan estaba buscar la impunidad de sus autores. Podemos considerar que eso aún hoy está subsistente, porque hay desaparecidos, no se sabe el destino que han tenido estas personas. Eso es obstrucción de la Justicia. Por otro lado, hay entorpecimiento de las investigaciones porque hay gente que todavía debe declarar. Además, está la complejidad de la causa, en cuanto al número de imputados que hay, cantidad de hechos que se investigan y eso amerita que la causa tenga  un trámite un poco más lento que las causas normales. Si subsisten todos estos parámetros, la prisión preventiva se puede prorrogar, incluso superando los tiempos”.

Maldonado explicó que “lo que hay que hacer es un mérito de estas circunstancias, a medida que se venzan los plazos. Nosotros vamos pidiendo la prórroga de la prisión preventiva, sino el Tribunal de oficio también lo va haciendo y se pide a un tribunal superior que revise”. Y aclaró que “ésto juega en causas en etapa de instrucción, donde no se haya dictado condena. Por ejemplo, para los condenados en el último juicio no corre el plazo de 3 años”. Se refiere a los 7 penados –con condena apelada- en el primer megajuicio que culminó el 4 de julio de 2013: Osvaldo Martel, Rolando Gómez, Alejandro Lazo, Horacio Nieto, Francisco Del Torchio, Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, los dos últimos, prófugos tras escaparse escandalosamente días después de conocerse la sentencia.

“Este año creo que no habrá ningún juicio”, estimó el Fiscal. Agregó que “las causas no están paralizadas, están permanentemente moviéndose. La multiplicidad de imputados hace que se dificulte elevar la causa a juicio en el tiempo que debería ser, recabar pruebas es difícil, la cantidad de víctimas, todo eso en las causas de lesa humanidad justifican la demora por la complejidad”. El año pasado hubo sentencia por las causas Erize, Camus y Bustos. Actualmente están trabajando en las causas Ripoll, Nívoli, Desaparecidos, Amín de Carvajal y la compulsa Bustos, con más de 150 víctimas. La idea de la Fiscalía es aunar los casos y hacer otro megajuicio, atendiendo a que es complicado conseguir un tribunal, debido a que son varios los procesos judiciales en marcha en forma simultánea a lo largo del país.

En la causa Bustos están procesados Ortega, Alaníz, Carlos Malatto (prófugo), Cardozo y Jorge Horacio Páez (prófugo). En la causa Erize están procesados Menéndez, Ortega, Eduardo Daniel Vic (prófugo), Cardozo, Del Torchio y Coronel. En la causa Camus están procesados Menéndez, Ortega, Vic, Alaníz, Cardozo y Gómez. En la causa Amín están procesados Menéndez, Ortega, Méndez Casariego, Cardozo, De Marchi, Del Torchio y Gómez. En la causa Ripoll están procesados Olivera, Martel, Ortega, Alaníz, De Marchi, Del Torchio, Gómez, Coronel, Enrique Graci Susini y Elías Lucio Arancio, estos dos últimos puestos en libertad en 2013. En la causa Nívoli están procesados Olivera, Martel, Alaníz, De Marchi, Del Torchio, Gómez, Graci Susini, Olmos, Mejías, Manrique, Amidey y Mello. En la causa denominada Desaparecidos, están procesados Olivera, Martel, Ortega, Cardozo, De Marchi, Del Torchio, Nieto (con domiciliaria en Buenos Aires), Coronel, Rodríguez y Torres.    

Sin pistas
La Justicia no tiene novedades sobre los paraderos de los condenados por delitos de lesa humanidad en San Juan, Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, que se escaparon el 25 de julio de 2013. Sigue vigente el pedido de captura internacional y la recompensa de 2 millones de pesos para quien aporte datos.