Por Miriam Walter
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Llegaron de Colombia como víctimas de una red de trata de personas que los convertía en esclavos de trabajo. Salieron a la luz días atrás, con un allanamiento en un galpón cerca de la Feria y Mercado de Abasto de Capital, que dejó al menos un par de detenidos y a ellos, sin un lugar donde vivir ni changa que hacer. Desde entonces, viven en un hogar de trata que dispuso el Estado por intermedio del Ministerio de Desarrollo Humano, donde tienen techo, comida y un staff de profesionales que los cuida y a los que los colombianos han expresado querer quedarse en San Juan antes que volver a su país de origen.
Se trata de 9 adultos y un bebé de 4 meses, que es sanjuanino, lo que da cuenta del arraigo de estos extranjeros en la Provincia. En el procedimiento cayeron dos personas más pero están siendo investigados como victimarios. Según dijeron fuentes de Desarrollo Humano, los rescatados están resguardados en una casa con ubicación secreta, especialmente acondicionada para víctimas de trata. Los foráneos están en el hogar por voluntad propia, a disposición de la Justicia para declarar como víctimas en el marco de la megacausa donde se investiga falsificación de ingreso y permanencia en el país en condiciones ilegales de ciudadanos extranjeros, trata de personas con fines de explotación laboral y evasión de impuestos, entre otros delitos considerados graves, que se vendrían perpetrando desde alrededor de 2009.
Desde que se aplica localmente el programa de trata de personas, hace alrededor de un año y medio, han sido alojadas en el hogar unas 70 personas, y ninguna antes había expresado querer quedarse, por lo que las autoridades sanjuaninas están estudiando los pasos a seguir con los colombianos.
“Son personas sumamente trabajadoras, vulneradas y fáciles de explotar laboralmente. Ellos estaban acá para poder ayudar a sus familias en Colombia porque allá no conseguían trabajo”, explicó una fuente ministerial que comparte tiempo con los extranjeros.
El grupo lo conforman tres parejas, jóvenes de 35 años promedio, quienes se dedicaban a la venta de muebles y cestos, confeccionados por ellos, casa por casa, pechando un carrito por los barrios humildes sanjuaninos. En el marco de la investigación nacional, que instruye la Fiscalía Federal Nro. 1 de la Ciudad de Córdoba a cargo de Enrique Senestrari, se hicieron casi 80 allanamientos en 10 provincias el jueves 12 de junio último, por intermedio de la AFIP, Migraciones y la Policía Aeroportuaria, que dejaron como saldo 202 víctimas rescatadas y 23 detenidos.
Senestrari dijo a Tiempo de San Juan que puede haber vinculación entre la red detectada en Argentina y las FARC, símbolo de la guerrilla y el narcotráfico, porque se investiga que estas fuerzas tenían influencia en algunas ciudades de origen de los colombianos llegados a Argentina. Sin embargo, los rescatados en San Juan en las entrevistas que tuvieron con los profesionales del Ministerio de Desarrollo Humano negaron ese nexo y dijeron estar muy lejos de la guerrilla en cualquier sentido, dijeron las fuentes. Algunos provienen de Bogotá, precisaron las fuentes.
“Más bien se trata de gente con historias difíciles, de pobreza, con una necesidad social muy grande. Estaban tan mal en Colombia que algunos prefirieron dejar a sus hijos al cuidado de un familiar y venir a la Argentina”, dijeron las fuentes. En el galpón ubicado sobre calle Patricias Sanjuaninas en Capital trabajaban sin ningún tipo de cobertura social ni aportes ni registro alguno, por una remuneración más baja que la que les correspondía y muchas veces hacinados y sin ningún respeto hacia sus derechos, aseguró oportunamente el fiscal Senestrari.
Los dos caminos
Para los colombianos hay dos opciones: irse o quedarse. Si optan por irse de Argentina, el Ministerio de Desarrollo Humano se contactará con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Provincia asumirá los costos de llegada de estas personas a Buenos Aires, para que luego el operativo de repatriación quede a cargo del Ministerio nacional y de la Embajada de Colombia en Argentina.
Si optan por quedarse en el país, como se prevé con el grupo que vino a San Juan, el Ministerio de Desarrollo Humano ya está trabajando con ellos para “lograr un proyecto de vida”, según las fuentes. En la práctica, se estudiará caso por caso cómo hacerlo y no hay definiciones oficiales todavía, pero el primer paso será ayudarlos a reconocerse como sujetos de derecho y acompañarlos para que logren insertarse en la sociedad, documentados y con un trabajo en regla. Según las fuentes, estas personas no tienen un nivel educativo alto y son muy hábiles con las tareas que ya venían realizando dentro de la red de trata, referido a la construcción de muebles y cestería. Agregaron que lo que se busca en este tipo de casos no es el asistencialismo.
Por lo pronto, no hay un plazo para que los colombianos dejen el hogar ni para que respondan definitivamente si se quedan o se van del país. Mientras tanto, no están obligados a permanecer bajo tutela del Estado, pero no tienen por el momento ingresos para resguardarse en otro lugar. En este caso, como en el de cualquier víctima de trata, la dirección de la vivienda no se hace pública para cuidarlos, por si alguno de sus victimarios intenta localizarlos. Allí tienen entrevistas con psicólogos y especialistas en redes de trata para conversar y pueden tener un contacto fluido con sus familiares en Colombia, aseguraron las fuentes.
