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SUSCRIBITE Después de haber conocido el sufrimiento en carne propia por el femicidio de una hija, una hermana o una sobrina, las familias sanjuaninas que fueron atravesadas por el dolor se unieron para acompañarse, batallar a pesar de todo y exigir justicia, ya que con una condena no basta. Es que sostienen que el lugar donde están las víctimas es más frío y oscuro que una celda.
Hace dos años, aproximadamente, los familiares de víctimas de femicidios que ocurrieron en San Juan comenzaron a encontrarse para contenerse y brindarse apoyo en la lucha de búsqueda de justicia. Lamentablemente para esas familias, la pesadilla inicia en el episodio fatal y continúa luego hasta que se obtiene una sentencia.
En ese mientras tanto, aseguran que el Estado les falla. Que no hay recursos destinados a ellos, a acompañar un proceso tan duro y complejo. Es que el sistema judicial en general no entiende de sufrimiento, ni de tiempos y tampoco contempla la vulnerabilidad en la que algunas familias se encuentran.
Es por eso que las ''Familias Unidas por el Dolor del Femicidio'' se afianzaron en el último tiempo y se institucionalizaron para tomar cartas en el asunto y cambiar la realidad que les aqueja. A poco de conseguir la personería jurídica, su presidenta, Victoria Villalón, tía de Rocío Villalón -asesinada por su novio el 28 de septiembre del 2013-, habló con Tiempo de San Juan y detalló cuáles son las deudas que el Poder Judicial tiene con ellas.
En primer término, remarcó la necesidad de contar con una adhesión a la Ley de Víctimas, la que -según explica- obliga a la justicia a notificar a los familiares de las víctimas sobre las novedades en una causa, como lo puede ser la puesta en libertad de un condenado o cualquier beneficio que éste reciba, entre otras cosas. De esta manera, si Miguel Ángel Palma, asesino de Cristina Olivares, sale del Servicio Penitenciario para visitar a sus padres, por ejemplo, la familia de la joven madre sería puesta en alerta.
En segundo lugar, otra de las cuestiones que las 14 familias que integran la asociación civil plantean tienen relación con el asesoramiento legal que es necesario que el Poder Judicial les provea a los familiares de víctimas. Cuando sucede una tragedia, padres y madres se pierden por los pasillos de Tribunales, cual laberinto, si no se conformaron como querellantes.
"Hay familias muy humildes, que no tienen ni para viajar hasta el centro para estar todos los días preguntando si avanzó un expediente o no; menos tienen para pagarle a un abogado que los asesore o en otros casos los abogados no se mueven y tiene a las familias a las vueltas", comentó Villalón al mismo tiempo que recordó a los papás de la pequeña Yoselín Rodríguez.
Es que los padres de la chiquita que fue violada y asesinada por un tío el 1 de enero de este año se enteraron el mismo día del comienzo del juicio, acorde manifestó la representante de la asociación. "La madre se puso muy mal, estaba desesperada, los tomó por sorpresa. A veces sentimos que mientras más pobres son las familias, peor tratadas por la justicia son", sentenció.
En tercer orden, pero no por ello menos importante que los ítems anteriores, las familias unidas por el dolor del femicidio señalan la falta de contención de parte del Estado para con ellas. "No hay psicólogos a disposición, incluso por esa falta de acompañamiento, es que empezamos a juntarnos", sostuvo Villalón.
Si bien es cierto que cuentan con la ayuda de abogadas como Gabriela Sánchez y algunas que otras profesionales que colaboran de manera eventual, lo que pretenden es crear un sistema de contención real para las familias que son sacudidas por el drama.
"Hemos tenido que hacer colectas para ayudar a muchos, para pagar un abogado, porque no alcanza con un colchón y una bolsa de mercadería. Hay otras necesidades que van más allá de eso y son urgentes", agregó.
La Ley Brisa también resulta clave en todo, ya que Villalón asevera que cuando sucede un femicidio, los hijos de las víctimas pierden todo tipo de derechos. Sin embargo, los trámites que representan obtener el beneficio son complejos de completar, debido a la burocracia que suponen. "La mamá de Brenda Requena hace mucho tiempo que está con eso y todavía no le sale", indicó la presidenta, cuando ya pasaron más de dos años y medio del femicidio.