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SUSCRIBITELos conflictos políticos alcanzaron a familias de la provincia, que necesitan la contención económica que ofrece el Estado para los chicos que perdieron a sus madres en crímenes brutales. Retraso en las fechas de cobro y expedientes traspapelados, las consecuencias que golpean.
En medio del escándalo que envuelve al Ministerio de Capital Humano de la Nación y a su titular Sandra Pettovello, marcado por la no distribución de alimentos pese a la orden judicial que así lo impone, la serie de eventos desafortunados de dicha cartera alcanzó a las familias sanjuaninas que no sólo cuentan con pocos recursos para subsistir, sino que además sufrieron la pesadilla del femicidio.
Es que aquellos que se vieron obligados a criar a chicos que quedaron sin madre, por culpa de brutales crímenes, y que obtenían una contención económica por parte del Estado a través de la Ley Brisa fueron afectados por los cambios de la reorganización de las estructuras políticas. Es que, por un lado, se registró un retraso del cobro de la asistencia y, por otro, al parecer, se extraviaron los expedientes que se iniciaron después del 10 de diciembre.
Esto último, que en principio reviste un grado mayor de gravedad, se habría gestado a partir de la modificación de los organismos gubernamentales y de la eliminación del Ministerio de la Mujer. Así lo explicaron fuentes vinculadas a la problemática nacional que tuvo su impacto en el territorio sanjuanino, las que manifestaron que toda tramitación que se presentó durante la gestión de Javier Milei "quedó trunca".
Previamente, el papeleo para obtener el apoyo de la Ley Brisa (27.452), la reparación económica para niños y adolescentes víctimas de violencia de género, comenzaba en ANSES y luego circulaba hacia otros organismos hasta finalizar con la aprobación -si se cumplía con los requisitos- del entonces Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Sin embargo, con la disolución de la repartición desconocen a dónde fueron a parar los expedientes iniciados.
Según destacaron las fuentes, relacionadas con entidades locales como la Asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio, el trámite del Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes, conocido como RENNYA y que sustituyó a la popular denominación de Ley Brisa con el objetivo de no estigmatizar a la menor por la cual se dictó la normativa, era inspeccionado por la Comisión Permanente de Seguimiento, ya que transitaba por diversas reparticiones del Ministerio de Desarrollo Social.
Ahora bien, con la eliminación de tal cartera y la creación de una nueva, con otros nombres, otras funciones y estamentos, aquellas familias sanjuaninas -y también de otras provincias- que decidieron poner en marcha el trámite no saben dónde están sus legajos, ni tampoco a quién reclamar. La única certeza que tienen es que no hay expedientes aprobados desde hace seis meses.
La titular de la Asociación que reúne a los familiares de las víctimas sanjuaninas de femicidios, Victoria Villalón, manifestó que en la organización para la que trabaja hay al menos 10 niños que reciben el beneficio, pero que en los últimos meses no percibieron el cobro debido a un atraso en el pago. "Hay preocupación, no sabemos qué va a pasar", agregó.
En teoría, el cobro se normalizaría a partir de este jueves. Las fuentes informaron que si bien la fecha para percibir los montos arrancaban los 31 de cada mes, la misma se corrió al 6 y por tal razón entre esta semana y la próxima la situación estaría remendada.
El polémico caso se inició la semana pasada a raíz de una denuncia de febrero del dirigente social Juan Grabois, en donde aseguraba que en al menos un par de galpones pertenecientes al ministerio de Capital Humano había alimentos acopiados por el Gobierno, próximos a vencer y que no estaban siendo distribuidos a los comedores sociales.
A pesar de que ello fue negado en un principio por el Gobierno, tras la intervención de la Justicia y una orden del juez Sebastián Casanello, que pidió la formulación de un plan para su distribución “inmediata”, el Ejecutivo debió dar marcha atrás con sus argumentos iniciales, en los que consideraba que eran alimentos guardados para casos de emergencia. El Gobierno apeló la medida judicial, en donde denunció una “intromisión” del Poder Judicial dentro de la esfera de actuación del Poder Ejecutivo.
Los allanamientos realizados en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo, determinaron que había toneladas de leche en polvo (que vence en julio), yerba, aceites y arroz. El primero de los depósitos tiene, en total, 3.642.626 kg de comida. El segundo, 2.275.172 kg, según el inventario del Gobierno.
Así, con una serie de idas y vueltas de por medio, y una escandalosa audiencia en Comodoro Py protagonizada por Grabois y la secretaria legal de Capital Humano Leila Gianni, el miércoles por la tarde, la Cámara Federal confirmó la orden de presentar y ejecutar un plan para hacer llegar los alimentos a quienes lo necesiten antes de que se cumpla la fecha de caducidad.