"Ningún inmueble está pagando, digamos, instituciones dependientes del Estado hasta en el día, ni siquiera la municipalidad", aseguró este miércoles el interventor de la Unión Vecinal de Zonda, Walter Correa. Por no tener fondos, la entidad que se dedica a proveer agua potable en la comuna, se quedó sin su sede, que fue rematada tras ser puesta en jaque por un juicio laboral. Correa afirmó que entre los deudores históricos figuran la Municipalidad de Zonda y el Ministerio de Educación provincial.
"Por ahora nosotros seguimos ocupando el edificio, que es donde funciona la parte comercial y un depósito que se utiliza para guardar las herramientas y materiales que se utilizan para reparación", dijo el interventor, sobre el edificio que deben desocupar a la brevedad porque ya no les pertenece.
El conflicto, relató en diálogo con Radio Sarmiento, empezó desde el año 2007, con un juicio laboral de parte de José Luis Trigo que era uno de los empleados administrativos de la institución. "Y bueno, ya se ha llegado a esta instancia. En medio han pasado muchas cosas, y entre eso ha habido inclusive intentos de arreglos que no se pudieron concretar hasta que salió la subasta", resumió.
La entidad se maneja con intervenciones desde el 2010 hasta hoy y el interventor adelantó sobre el manejo futuro, de cara a la normalización, que "nosotros convocamos, ya hacemos el cierre del año en noviembre, inmediatamente se convoca a elecciones y tenemos que aprobar balance desde el 2011 en adelante, al día de la fecha". No obstante, las cuentas de la entidad están muy afectadas.
¿Por qué se llegó al remate del edificio? "La verdad que hay muchas cosas en el medio. Uno no puede conocer a fondo, pero se hicieron apelaciones y después se intentaron hacer arreglos pero nunca se concretaron. Porque en el 2007 es el juicio, entra la demanda y la primera sentencia sale en febrero del 2010, se apela, pero luego en el mismo año, en noviembre del 2010 quedó en firme porque no se interpuso ningún recurso, entonces entra luego el embargo al inmueble en agosto del 2011".
Correa dijo que la institución está buscando un lugar para alquilar porque ese inmueble "ya es de Trigo y yo he estado intentando con él hacer algún tipo de compra, en principio un contrato de alquiler, que fue lo que hace un par de meses atrás acordamos, con opción de compra". El interventor dijo que el ex empleado se presentó con un abogado e hizo la compra del lugar por un millón de pesos.
En este entramado judicial, que los morosos -estatales y otros- no pagaran complicó la situación. "El juicio era originalmente por un millón doscientos, que es lo que se iba a arreglar con un acuerdo que había con el Gobierno para que hiciera un depósito judicial por las deudas que tenía el Ministerio de Educación con la Unión Vecinal. Se hace todo ese trámite, pero no se cumple con lo que se había acordado, nunca se transfieren los fondos a esa cuenta, que era una cuenta judicial", aseguró Correa. Esto se habría dado durante la gestión de Felipe de los Ríos. La deuda se originó por el agua potable que se usaba en las escuelas de la comuna.
"Con esas deudas se armó un expediente, se presentaron todas las facturas de los distintos edificios educativos de Zonda, y se abrió una cuenta judicial para que ellos depositaran, y eso le iba a recibir Trigo, y de esa forma se hacía un arreglo para que la Unión Vecinal siguiera como propietaria del inmueble", dijo Correa. Este trato nunca se logró, según sostuvo: "yo intenté. Cuando yo llego intento hablar con el ministro, en varias oportunidades, y me dijo que eso ya estaba archivado, y es cierto, yo con el expediente pregunté, estaba archivado, pero nunca hicieron la transferencia y nunca se pagó".
Según el interventor, "ahí se perdió toda posibilidad, porque inmediato a eso, al no haberse depositado los fondos, ya no se pudo frenar y salió la subasta, se hizo el 5 de julio del 2019".
Mallea habló de cierta negligencia de los interventores anteriores: "en el 2010 es cuando estaba, si no mal recuerdo, como interventor Chávez. Y el abogado de él no interpuso ningún recurso, y por ende la corte luego dicta el embargo sobre el inmueble en el 2011. O sea que esto viene hace mucho", sentenció. Como consecuencia, la unión vecinal deberá alquilar un lugar para tener sede ya que perdió la propia.
Perder la sede no impacta en el suministro de agua potable, destacó el interventor. Explicó que en ese inmueble subastado, funciona la parte administrativa y un depósito, "que es donde tienen las herramientas y los elementos para hacer las reparaciones, los reclamos y todas esas cosas. Pero la planta potabilizadora está en otro predio que está más arriba, y en realidad no afecta".
¿Cuánto debe la Municipalidad de Zonda? El interventor dijo que puede precisar de cuánto es la cuenta pero apuntó que son trece conexiones las municipales. "Algunas son de espacios verde, plaza. Y también ahora hemos sacado una normativa, debido a que estuvieron unos meses más complicados con el servicio, y hemos pedido a la Municipalidad que a partir de este mes, del 15 de este mes, íbamos a coordinar con ellos para que no se lleguen las plazas con agua potable. Porque realmente los recursos son muy escasos y estamos en emergencia".
Agregó que encima que no paga, es muy costoso para la Unión Vecinal prestarles el servicio. "Para nosotros, mantener las bombas encendidas todo el tiempo significa mucho. Hoy en día estamos pagando la última boleta, arriba del millón ochocientos de pesos". Según Mallea, "hay un compromiso de pago" por parte del intendente zondino Miguel Atámpiz.
