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SUSCRIBITEEl bloque de Pichetto golpeó las expectativas privatizadoras del gobierno de Javier Milei. Pero hay otros temas muy importantes en juego en la Ley de Bases.
Guillermo Francos, el hombre fuerte de la negociación por la Ley de Bases en el Congreso
El gobierno nacional negocia contrarreloj los votos para aprobar el texto original, o todo lo similar que se pueda, de la Ley de Bases, que se tratará este jueves en la Cámara de Diputados. El capítulo Privatizaciones, asume el oficialismo, está caído, tras el trascendido voto “no positivo” del bloque que conduce el rionegrino Miguel Ángel Pichetto.
El plenario de comisiones está convocado para este martes a las 15. Luego, la Comisión de Presupuesto tratará el paquete fiscal, en el que el oficialismo busca recuperar los capítulos de Ganancias y Bienes Personales, desechados en el Senado.
Desde el gobierno reconocen estar dando una dura pelea por restituir privatizaciones, que el Senado desbarató en la sesión de semanas atrás, pero no es la única batalla que están dando.
En lo que el oficialismo confía es en la restitución al texto original de Ganancias y Bienes Personales, con votos de las provincias del norte, incluidas las más, o menos, peronistas, como Catamarca y Tucumán. El pichettismo habría prometido ese apoyo, si desde Casa Rosada no insisten con las privatizaciones. El problema radica en que la venta de Aerolíneas Argentinas, especialmente, es una obsesión presidencial.
Si bien en La Libertad Avanza confían en tener los votos para Ganancias y Bienes Personales admiten que podría ser una decisión ajustada. Un grupo de radicales que votó favorablemente, ahora sostiene que repetirá la acción sólo si se reducen los mínimos no imponibles.
En cuanto a Bienes Personales, dirigentes opositores dialoguistas quieren que, antes de votar una norma que reduciría las arcas estatales, Milei les explique por qué deberían convertirse en “degenerados fiscales”.
Esa calificación fue la que utilizó Javier Milei para identificar a quienes votaron la reforma previsional, que implica un aumento en los haberes de jubilados y pensionados mayor que lo que pretendía erogar el gobierno nacional.
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