El juez Ariel Lijo dispuso nuevas medidas de prueba para esclarecer si hubo contrataciones entre organismos del Estado nacional y empresas vinculadas a Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
viernes 17 de abril 2026
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SUSCRIBITEBettina Angeletti aparece cada vez más compicada en relación al presunto enriquecimiento ilícito de su esposo, el jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni.
El juez Ariel Lijo dispuso nuevas medidas de prueba para esclarecer si hubo contrataciones entre organismos del Estado nacional y empresas vinculadas a Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El magistrado solicitó una copia de expedientes administrativos y documentación anexa vinculada a distintos procesos de contratación, tras un pedido del fiscal federal Carlos Stornelli y a raíz de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, que indica que Angeletti pudo haberse visto beneficada por esos cotratos del Estado con firmas de las cuales ella es socia.
Pidió papeles relacionados con la provisión de herramientas de comunicación directa y seguimiento; la contratación de servicios de envío masivo de SMS; provisión de mensajería SMS; implementación y soporte técnico de herramientas Jira/Confluence; servicios de correos transaccionales; y la concesión de uso para la explotación comercial del predio de Tecnópolis.
Además, Lijo requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) que remita los legajos societarios completos de las firmas AREA TECH S.A., ATX S.A., MOVILGATE S.R.L., LUGALU S.A., EQUILA S.R.L., TSOFT INFORMÁTICA S.A.S. y TECNOSOFTWARE S.A. para analizar su composición y posibles vínculos.
En paralelo, se requirió a la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que informe si las empresas DATCO S.A., National Shipping S.A. y FOGGIA GROUP S.A. registran contrataciones con el Estado nacional.
De esta forma, se busca confirmar si la consultora +Be, de la que es socia Angeletti, podría estar vinculada a alguna de estas empresas contratistas públicas.
Asimismo, la causa busca esclarecer si existe un entramado societario alrededor de la concesión del predio de Tecnópolis.