La firma Garder Salud fue denunciada por la Obra Social Provincia (OSP) tras una auditoría que arrojó maniobras sospechosas con prestaciones de alimentación medicinal, que se presume que fueron pagadas pero que no se brindaron efectivamente por la empresa. Desde la obra social estatal dijeron que los afiliados pueden quedarse tranquilos porque este servicio se seguirá prestando. No obstante, hay cautela con informar sobre qué pasará con el contrato con la prestadora denunciada.
El interventor de la OSP, Miguel Grecco, se mostró muy medido con hablar de la situación contractual con la empresa, amparándose en el secreto de sumario. En diálogo con varios medios locales se limitó a decir que la denuncia se dio porque "se hacen auditorias compartidas y se detectan probables irregularidades". Y sobre si para seguir dando las prestaciones con la misma empresa o con otra contratada de urgencia respondió que "es parte del secreto de sumario, no puedo opinar al respecto".
El interventor aseguró, en diálogo con Canal 13 San Juan, sobre estas prestaciones que " queremos transmitir tranquilidad de que la gente que esta recibiendo la prestación la tiene garantizada".
Tras esta denuncia que se conoció ayer, se investigan posibles irregularidades en el servicio de Garder Salud. Según informó oportunamente el fiscal de Estado Adjunto, Gastón Orzanco, hay "varios casos" como prestaciones que se pagaron y no se hicieron, otras que se abonaron por pacientes ya fallecidos y que se pagaron y resultaron inexistentes.
La empresa se creó en plena pandemia, en 2020, y le presta a la OSP el servicio de alimentación integral domiciliaria que tiene como destino a pacientes que sufren insuficiencia digestiva. En juego hay montos millonarios.
El fiscal Ivan Grassi, de la UFI delitos especiales, quedó a cargo de la investigación que inició Fiscalía de Estado con la denuncia. En este marco, este martes se dieron los primeros allanamientos que se hicieron en las sedes de la empresa ubicada en calle 25 de Mayo y en la de la obra social estatal que funciona sobre calle Gnecco, donde se secuestró documentación e información digital sobre las prestaciones.
