Este miércoles, el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo de Sanctis, mandó a sacar del temario de la Legislatura local un proyecto de ley que había mandado el año pasado, para modificar el cómputo de la antigüedad a los magistrados, miembros del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia, con alto impacto en los salarios del personal tribunalicio. Según confirmaron fuentes oficiales del Poder Judicial, De Sanctis envió una nota a la Cámara de Diputados de San Juan pidiendo que el proyecto de ley no sea incluido en el análisis en comisiones ni luego tratado en el recinto.
Esta iniciativa había sido firmada por el ex presidente de la Corte, Juan José Victoria, y según informaron oficialmente, ya había sido pedido que sea excluido del tratamiento, pero al iniciarse las sesiones ordinarias, apareció el proyecto en el temario del orden del día, derivado a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Justicia y Seguridad y Hacienda y Presupuesto. De acuerdo a la versión de la Corte, el presidente del cuerpo reiteró la solicitud que ya se había hecho el año pasado del no tratamiento de la iniciativa salarial, y no tienen información de por qué en la Legislatura quedó vigente.
En la Corte no dieron más explicaciones sobre por qué razón avanzaron y luego dieron marcha atrás con la iniciativa, lo cierto es que el envío llegó con la firma de Victoria y el retiro con firma de De Sanctis. Si bien destacaron las fuentes de la Corte que fueron dos decisiones tomadas a nivel institucional, no quedó claro si hay un contrapunto de pareceres. Tampoco se explayaron sobre qué pasó con Diputados que no fue entendido el mensaje de no tratarlo, ya expresado el año pasado, según la versión del máximo tribunal.
El proyecto de ley presentado busca -o buscaba- abrogar la Ley N° 359-E, estableciendo el régimen de retribución adicional por antigüedad a los magistrados, miembros del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia. A grandes rasgos, implica un aumento escalonado para la antigüedad, que pasa del 2 al 5 %, dependiendo de la cantidad de años de servicio. Esto replica el cambio que hizo el Poder Ejecutivo en 2022 para sus empleados, pero en este caso la base para el cálculo fue el sueldo básico, mientras que en el Poder Judicial se propuso hacerlo sobre varios ítems, es decir, además del básico, la compensación jerárquica y funcional, la dedicación exclusiva y el título.
El proyecto genera revuelo y mucha cautela, en todos los poderes. En el Ministerio de Hacienda no opinaron sobre el tema, desde la Corte dijeron que De Sanctis no prevé hablar del asunto, y en la Legislatura, la presidenta de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Marcela Monti, dijo que recién ingresa la iniciativa y deben estudiarlo antes de emitir opinión, lo que da cuenta de que desconoce del pedido de la Corte de que no sea debatido ni tratado en el recinto.
Fuentes tribunalicias dijeron a Tiempo de San Juan que el proyecto de ley generó dudas en la Corte respecto de su aplicabilidad porque a diferencia del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial no tiene una diferenciación tan clara de la jerarquización del personal. Otras versiones hablan de un descontento en el Poder Ejecutivo por los recursos que pueda implicar esta mejora salarial, para engrosar sueldos que no son bajos; además de si es oportuno, en medio de una campaña para las elecciones provinciales, tocar un tema que se podría relacionar con privilegios.
