La Iglesia promueve el debate de la Ley de Glaciares en San Juan: un flyer y el especialista de la UNSJ
Como ya sucedió a nivel nacional, ahora la Iglesia de San Juan se mete en la polémica por la aclaratoria de la Ley de Glaciares, con una conferencia abierta encabezada por un especialista de la UNSJ que está abiertamente en contra de la modificación.
Nadie quiere perderse del debate por la aclaratoria de la Ley de Glaciares. Días antes de las audiencias que se llevarán adelante en la Cámara de Diputados de la Nación los próximos 25 y 26 de marzo, la Iglesia de San Juan se sumó a la discusión que trae controversia. Lo hará con una conferencia abierta que encabezará el doctor en Geología e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Juan Pablo Milana, quien está abiertamente en contra de esta modificación que ya cuenta con media sanción en el Senado. Es la muestra de una postura que va en línea con lo que ya marcó la Iglesia a nivel nacional.
El profesional que encabeza la charla es un ferviente opositor de la modificación que plantea la devolución de la autonomía a las provincias y una mayor flexibilización de actividades económicas como la minería en la zona periglaciar. “El problema es que los gobiernos están trabajando para los poderes económicos y no para la población, y no protegen los recursos hídricos", dijo Milana en declaraciones mediáticas. Además, ha participado en varios conversatorios en la UNSJ, en los que planteó que, según su postura, es mentira que los glaciares de roca no brindan agua al ciclo hídrico.
La actividad, que comenzó a publicitarse a través de un flyer compartido mediante redes sociales, será el 18 de marzo en la Sala Mamá Antula, en la Catedral San Juan Bautista. El dato clave es que la organización está a cargo del grupo San Juan Bautista, autodenominado como una Asociación Civil y Comunitaria “cuyo objetivo principal es protagonizar la vida pública mediante el aporte de ideas, principios y fundamentos que contribuyan al bien común de la comunidad de San Juan y de Argentina”.
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En sus redes sociales los siguen varias personalidades de la UNSJ, como el rector Tadeo Berenguer y el secretario de Planificación, Evaluación y Coordinación Institucional, Lucas Molina Rojo. Este último es dirigente de la agrupación Frente Patria Grande, que a nivel nacional lidera el diputado Juan Grabois. El legislador nacional está en contra de la modificación de la Ley de Glaciares y, de hecho, mantuvo una reunión con monseñor Marcelo Daniel Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, para buscar consensos y apoyo público en la oposición a la aclaratoria que se tratará en la Cámara de Diputados.
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Legisladores de Patria Grande con la Episcopal Argentina.
Desde que comenzó a debatirse en el Senado, la Iglesia sentó su posición sobre la aclaración. A través de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, envió una carta a senadores y diputados nacionales en la que manifestó su “profunda preocupación” ante la posible modificación de la ley. En el documento, señaló que la norma vigente es resultado de un consenso político, social y científico y advirtió que los glaciares no pueden ser considerados meros recursos económicos, ya que constituyen fuentes de agua y vida, además de reguladores del clima y del ciclo hídrico.
Una postura que evidentemente se replica en San Juan, con condimentos clave como la UNSJ y el Frente Patria Grande detrás.
El estado actual de la Ley de Glaciares
Luego de la media sanción que obtuvo en el Senado con 41 votos a favor, 30 en contra y una abstención, la aclaratoria de la Ley de Glaciares giró a la Cámara de Diputados.
En este contexto, se organizó una comisión especial, que está presidida por el diputado sanjuanino por La Libertad Avanza (LLA), José Peluc.
Sin embargo, antes de su tratamiento, hay un largo cronograma a seguir. El Congreso Nacional, a través de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, programó dos jornadas de audiencias públicas para debatir el tema: una presencial prevista para el miércoles 25 y otra virtual para el jueves 26. Sin embargo, la convocatoria superó ampliamente las expectativas, con más de 30.000 personas inscriptas para participar, una cifra inédita en procesos legislativos ambientales en Argentina.
Ante esta magnitud, la organización enfrenta el desafío de administrar la participación en un plazo limitado. Por ese motivo, el oficialismo analiza extender el cronograma y modificar el esquema original de las audiencias, con el objetivo de permitir una mayor intervención de los inscriptos y garantizar la representatividad del debate.
