El empresario sanjuanino y ex candidato a gobernador del sector liberal de Juntos por el Cambio, Sergio Vallejos, acaba de presentar en la Cámara de Diputados de San Juan un pedido de juicio político contra tres de los cinco ministros de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur. Ahora se dispara un proceso que podría durar unos tres meses y medio, alrededor de 100 días y que podría terminar con la destitución de los denunciados.
Vallejos, en su pedido de juicio político, les endilga a los tres cortistas malos manejos en dos cuestiones: en el marco de su expropiación, la recotización del predio de la ex bodega La Superiora a favor de un grupo empresario cercano al ex gobernador Sergio Uñac y en contra de la Municipalidad de Rawson; y en el manejo de las elecciones provinciales 2023 cuando después de que la Corte Suprema suspendiera las elecciones de gobernador y vice, en el tribunal local definieron avanzar con la votación de todas las demás categorías, incluida la de la diputados provinciales, y no hacer todos los comicios juntos más adelante, cuando se definiera si el candidato Uñac estaba habilitado a participar por otro mandato.
Quien echó luz sobre el paso a paso que se viene en la Legislatura local, es el secretario legislativo, Gustavo Velert, quien destacó que el juicio político es un método que sirve para destituir a las máximas autoridades de la provincia y que está a cargo íntegramente de la Cámara de Diputados. Se trata de un proceso de investigación que está previsto únicamente para el gobernador, el vicegobernador, los miembros de las Corte de Justicia, el fiscal General de la Corte y el fiscal de Estado.
"Para hacer un parangón con la investigación que todos vemos en la serie, en la ficción, es un proceso de investigación penal, pero que se funda en causas políticas, tiene un proceso político y las sanciones eminentemente políticas, porque se pide, y es que se termina con una sentencia condenatoria, la destitución de estos funcionarios", indicó Velert en diálogo con radio Estación Claridad.
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Sergio Vallejos, durante la conferencia de prensa este martes.
Los protagonistas
El proceso está regulado en sus formas generales en la Constitución Provincial y también mediante dos leyes provinciales que abordan el procedimiento más detalladamente, que son la Ley 310-E y 311-E. "Salvo lo dispuesto por la Constitución Provincial, que es medianamente difícil de modificar, realmente merecería una revisión, porque encontramos un proceso desplegado en dos leyes, sería mucho más prudente y sencillo y claro tenerlo en un solo texto normativo todo el procedimiento y con mucho más detalle", reflexionó el especialista.
Al comienzo de todo periodo legislativo, allá por el mes de abril, de cada año, se debe realizar un sorteo para que los diputados, que son los miembros de la Cámara, pasen a formar dos salas, justamente para la ocasión de un juicio político, que a diferencia del Congreso de la Nación, una Cámara actúa como acusadora y la otra como sancionadora. En este caso, la Cámara local se divide en dos y algunos pasan a integrar la sala Acusadora y la sala Juzgadora.
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En la sala Acusadora hay 18 diputados, cuyo presidente es elegido y designado el mismo día en que se hace un sorteo, ahora es el diputado del PRO, el orreguista Enzo Cornejo. Y en la sala juzgadora el presidente es el justicialista Juan Carlos Quiroga Moyano. "Lo bueno es que en esta sala, en este juicio político, los miembros de la sala no pueden ser recusados, como si pasa en un proceso civil. Esto, incluso teniendo lazos sanguíneos con alguno de los denunciados".
Todo juicio político se inicia con una denuncia que puede realizar cualquier ciudadano, conforme lo impone tanto la Constitución Provincial como la Ley 310. Las causales en las que se puede fundar una denuncia son las establecidas en el 219 de la Constitución, que puede ser incapacidad física o mental, delitos en el desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, o delitos comunes, puede ser una o varias de todas estas causales.
La Sala Acusadora, de acuerdo al sorteo realizado este año, quedó conformada por los diputados Pedro Albagli, Franco Aranda, Jorge Castañeda, Andrés Castro, Enzo Cornejo, Gustavo Deguer, Sonia Ferreyra, Mónica González, Marta Gramajo, Carlos Jaime Quiroga, Marisa López, Omar Ortiz, Fernando Patinella, Marcela Quiroga, Daniel Ripoll, Gabriel Sánchez, Graciela Seva y Leopoldo Soler.
Mientras que la Sala Juzgadora quedó integrada por los legisladores: Miguel Atampiz, Eduardo Cabello, Stella Maris Caparros, Juan de la Cruz Córdoba, Emilio Escudero, Mario Herrero, María Lascano, Alejandra Leonardo, Cristina López, Rosana Luque, Andrés Mallea, Gustavo Núñez, Fernanda Paredes, Horacio Quiroga, Juan Carlos Quiroga Moyano, Luis Rueda, Gustavo Usin, y Miguel Ángel Vega.
En la Sala Acusadora
- La presentación, según las normas, se debe efectuar ante la presidencia de la sala Acusadora, esto es, el diputado Enzo Cornejo. "En el día de la fecha, recién hoy miércoles, se le va a entregar la denuncia que fue presentada ayer martes por Mesa de entradas y salidas de la Cámara de Diputados por el ciudadano Sergio Vallejo Mini, para justamente resguardar todas las formalidades al momento de ser presentada. Lo único que hicimos fue leer la carátula, determinar los datos personales del denunciante, contra quién se efectuó la denuncia, cuál es la causa, que es falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. Se la ensobró, y el día de hoy se le va a hacer entrega al presidente de la sala Acusadora", indicó Velert.
- El presidente, una vez que toma conocimiento de la denuncia, la tiene que presentar ante una comisión investigadora. Esa comisión está formada por cinco diputados que son miembros también de la sala acusadora. Esa comisión fue designada también el mismo día en que se efectuaron los sorteos de las ambas salas. Está formada actualmente por los diputados Pedro Albagli (PJ), Sonia Ferreyra (PJ), Carlos Jaime (JxC), Marcela Quiroga (JxC) y Fernando Patinella (LLA).
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- ¿Qué hace esta comisión investigadora? Justamente en esa composición están representados los tres interbloques más importantes de los cuatro de la Cámara de Diputados. Y esa comisión lo que tiene que hacer es analizar la denuncia que se presentó, debe evaluar si tiene peso, si los hechos son tales como para propender dar comienzo o no a un proceso de investigación, si los hechos expuestos en la denuncia son comprobables en relación a la misma prueba que se ofrece por parte del ciudadano Vallejos. Según la ley, la comisión tiene amplias facultades de instrucción, como si fuera un instructor penal, y tiene que investigar la verdad de los hechos en que se funda la presentación.
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El diputado del PRO, Enzo Cornejo, preside la sala Acusadora.
- Una vez que se recibe la denuncia, esta comisión tiene 40 días para emitir un dictamen por escrito que se debe presentar ante la misma sala Acusadora. Estos días se cuentan en días hábiles, que no son iguales a los de la Justicia, porque este proceso tiene la particularidad, según la ley, que son todos los días, a excepción de los domingos y los feriados nacionales y provinciales. Por lo tanto, el día sábado es un día hábil para el juicio político.
- Si la comisión investigadora dictamina sobre la viabilidad de la denuncia, es decir, si merece ser tratada, investigada y analizada, la misma sala Acusadora debe someter la votación. La ley requiere la mayoría absoluta de los miembros de la sala para darle curso, es decir, para efectuar la acusación contra el o los denunciados. Esa mayoría si la sala está formada por 18 integrantes, corresponde a la mitad más uno que serían 10 diputados a favor de la acusación.
- Al darle curso a esta denuncia, la sala va a formular una acusación. Esta sala tiene que aportar todos los testimonios válidos y eficaces de los documentos esenciales para la solución de casos, esa sala va a designar a tres de los diputados, que son los que luego van a mantener esa acusación ante la sala Juzgadora. Si se admite la acusación, si se logran estos votos para admitirla, se va a tener que notificar inmediatamente a la Corte de Justicia, que es el órgano que aloja a estas tres personas que han sido denunciadas. Esto es porque, según la misma Constitución Provincial, desde el momento en que la sala Acusadora admite la acusación, el acusado queda suspendido inmediatamente en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo.
- Esto, porque la Comisión de Investigación ya analizó, ya dictaminó, dijo que había cursos, se votó, y ese denunciado pasa a ser acusado e inmediatamente queda suspendido en la función. Aquí termina de actuar la sala Acusadora.
En la Sala Juzgadora
- A partir de este momento ya comienza a trabajar la sala Juzgadora, que ya es un verdadero proceso casi judicial, más allá que político, pero tiene más o menos los mismos pasos. Lo primero que tiene que hacer la sala Juzgadora es de modo inmediato notificar a los denunciados para que se presenten en el plazo de seis días y puedan contestar las acusaciones, que es lo que establece la Constitución tanto nacional como provincial, que es justamente que puedan ejercer su derecho de defensa.
- El acusado puede ser escuchado en esta oportunidad y no antes. Porque es recién ahí donde se formulan los cargos por los cuales se lo acusa. El juicio es político, lo inicia la Cámara, entonces la Cámara se divide en dos. La Acusadora es la que le tiene que formular los cargos acusando al o los denunciados. En este caso pasan a llamarse acusados y dejan de ser denunciados. En esta instancia se tienen que rendir y los acusados ofrecen pruebas, tanto los que acusan como los denunciantes. Se produce toda la prueba.
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El justicialista Juan Carlos Quiroga Moyano preside la Sala Juzgadora.
- Por último, existe un quórum porque, terminado el plazo de prueba, el presidente de la sala Juzgadora tiene que disponer otro plazo para que las partes puedan efectuar sus informes, que son como alegatos, y, a partir de ese momento, la sala Juzgadora tiene 30 días para que se pronuncie. En estos 30 días, la sala Juzgadora se debe reunir en sesión secreta. Las audiencias de los testigos también son audiencias públicas a las que se pueden asistir, pero en esta, cuando la sala Juzgadora se reúne y cada diputado puede tomar la palabra, hacer sus conclusiones y más o menos ir fundando su voto, son sesiones secretas.
- Una vez que termina esta sesión secreta, el presidente debe imponer una fecha para que, en sesión pública, con participación de las partes, de los acusados, el presidente les va a preguntar a cada uno de los miembros de la sala Juzgadora si el acusado es culpable del cargo, debiendo preguntar por cada uno de los cargos que se los imputa. Y el diputado o diputada a la que se le pregunte solo debe contestar por sí o por no.
- Para que el acusado se considere culpable, aunque sea de uno de los cargos, debe contar con el voto de los dos tercios de los miembros de la sala, es decir, 12 diputados. Si no se obtiene ese número, finaliza y se archiva el expediente. Si se obtiene ese número, se lo declara destituido inmediatamente de su cargo, debe hacerse cargo de todas las costas del proceso y puede sufrir otra sanción que también prevé la Constitución, que es la inhabilitación para ejercer cargo público.
- Esto independientemente de que, de acuerdo a la naturaleza de la falta, el día de mañana se puede disparar un proceso penal.
Los plazos
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La comisión investigadora de la sala Acusadora tiene 40 días hábiles para tener listo el informe, es decir, hasta mediados de noviembre. "A partir de la citación ya tenemos seis días más en que el denunciado se puede presentar. Tenemos un mínimo de 10 días para que se produzca la prueba, y ahí se nos van los números porque pueden ser 10, o lo que que la comisión juzgadora determine para que se ofrezcan peritos, documentos, testigos y demás. Y luego tenemos 30 días para que se imponga la sanción si es que la hay. Estamos hablando de un mínimo de 3 meses, 3 meses y medio", estimó Velert que cumplirá funciones dentro de este proceso como secretario de las salas.
Es decir, que si se da curso a la denuncia se extenderá el proceso durante el receso de verano de la Cámara de Diputados, ya que las sesiones ordinarias terminan en el último día hábil de noviembre y se retoman desde el primero del mes de abril.
