El Consejo de la Magistratura ya tiene en sus manos la vacante para cubrir el cargo de Fiscal de Estado de San Juan, con lo que se abre una fuerte pulseada política por quién ocupará este espacio de poder que es un lugar vitalicio y muy relacionado con el gobernador de turno. Como se elige igual que un juez, el Consejo deberá llamar a un concurso, para lo cual no hay fechas todavía, según informaron fuentes del organismo a Tiempo de San Juan. De ese concurso saldrá una terna que deberá ser sometida a consideración de los diputados provinciales que determinarán al ganador o ganadora.
El puesto quedó vacante en diciembre, cuando Jorge Alvo, que había asumido en 2017, renunció al cargo, pese a que había anunciado que quería seguir en el lugar. El letrado había quedado en un lugar incómodo ya que el Fiscal de Estado tiene como misión la representación y defensa en juicio de la Provincia de San Juan, tanto en carácter de demandada como demandante, siendo a la vez una persona de extrema confianza del gobernador de turno.
Pese a ser un cargo concursado y que quien está puede quedarse mientras dure su buena conducta o quiera jubilarse o muera, la congruencia política entre el Fiscal de Estado y el partido que gobierna se ha venido dando en los hechos en las diferentes renovaciones del cargo, como fueron los casos Guillermo De Sanctis que fue el fiscal de Estado de José Luis Gioja o Alvo de Uñac.
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El 22 de mayo de 2017, en entonces gobernador Sergio Uñac les tomó juramento al nuevo Fiscal de Estado, Jorge Alvo Varela y al Adjunto, Gastón Orzanco.
Tanto así que al asumir Marcelo Orrego se dio una reunión en la que Alvo fue a mostrarle sus respetos y compromiso de seguir en el cargo pero no le fue bien al justicialista y terminó renunciando. De esa manera, la Cámara de Diputados puso a cargo del organismo acéfalo a Sebastián Dávila, un abogado identificado con el orreguismo que fue designado como Fiscal de Estado adjunto.
Pese a que para nombrar este cargo de Adjunto no hace falta concurso que pase por el Consejo de la Magistratura, el orreguismo debió buscar consenso en la Legislatura porque no tiene mayoría propia, sino que la tiene el uñaquismo. En diciembre, Dávila salió electo por unanimidad, cuando se estaba dando una disputa por otros cargos en juego en otras reparticiones, lo que dio cuenta de que el PJ se allanó a un acuerdo.
Ahora con este concurso habrá que ver cómo se comporta el uñaquismo, si seguirá respetando el acuerdo con el orreguismo de que el Fiscal de Estado sea una persona cercana al santaluceño, o hace valer su mayoría en el recinto parlamentario. Por lo pronto se sabe que el orreguismo, al enviarse desde Fiscalía de Estado al Consejo de la Magistratura, definió avanzar con cubrir la vacante, lo que es un indicio de que tiene alguna seguridad en la puja parlamentaria.
Un proceso de selección cuestionado
La pulseada podrá verse en todo el proceso ya que el mecanismo de selección de jueces, fiscales y defensores oficiales, y en este caso el de Fiscal de Estado, es eminentemente político. De entrada, en el Consejo de la Magistratura intervienen como miembros Juan José Victoria de la Corte de Justicia que preside el organismo; una representante del Ejecutivo, que es la orreguista Laura Palma; un representante del Poder Legislativo que es la justicialista Fernanda Paredes; y dos representantes del Foro de Abogados, Raúl Acosta y Valeria Torres. El orreguismo anunció que quiere modificar la ley que regula el Consejo para darle más transparencia y que no se preste para designar jueces por amiguismos políticos.
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El Consejo de la Magistratura de San Juan, con representantes de los tres poderes y del Foro de Abogados.
La terna que emita el Consejo de la Magistratura, de acuerdo a su criterio, sin fundar el voto y con solo tomar una entrevista al postulante, deberá luego ir a la Legislatura, donde en la comisión de Justicia y Seguridad se volverán a tomar entrevistas a los tres preseleccionados para bajar uno o varios despachos a votación en el recinto. Ahí entrará a jugar, si es que queda en pie, el pacto entre orreguistas y uñaquistas.
Por su parte, Dávila podría presentarse o no al concurso. Si se anota, ya cuenta con el antecedente de estar a cargo de la repartición.
Sobre cuándo se llamará a concurso, no hay fecha pero fuentes del Consejo dijeron que es posible que sea en junio. Ahora se está en plena evaluación de más de 500 inscriptos para cubrir 21 diferentes cargos correspondientes a dos concursos, lanzados en 2023 y este año.
El cargo de Fiscal de Estado, clave
Según dicta la Constitución Provincial, para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones exigidas que para ser miembro de la Corte de Justicia. Es nombrado por la Cámara de Diputados a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura, y no puede ejercer la profesión de abogado mientras desempeñe esta función. Es inamovible mientras dure su buena conducta, estando sujeto al juicio político. Además, tiene facultad para peticionar ante la Corte de Justicia que se declare la constitucionalidad de toda ley, decreto, carta municipal, ordenanza, resolución o acto administrativo.
La Constitución Provincial establece, en tal sentido, que el Fiscal de Estado es el encargado de defender el patrimonio de la Provincia, siendo parte legítima y necesaria en los juicios contencioso administrativos y en toda controversia judicial en que se afecten intereses de ese patrimonio. Se lo ha visto en acción por ejemplo en el tironeo con Nación por fondos de la coparticipación, en la compulsa con La Pampa por la construcción de los diques sanjuaninos o en la compulsa por la candidatura de Uñac en 2023.
El mismo principio se encuentra en la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado (Ley 5558), la que especifica que la actuación del titular se extiende a todos los juicios “cualquiera sea su fuero o jurisdicción”. Dado que la facultad de representación tiene rango constitucional, no se requiere que el Poder Ejecutivo le confiera mandato expreso para intervenir.
El artículo 1º de la Ley Orgánica Nº 5558 establece que: “La Fiscalía de Estado es un organismo integrado por: el Fiscal de Estado, el Fiscal de Estado Adjunto, el Consejo de Asesor, el Cuerpo de Abogados, el Secretario General, el personal administrativo y contable necesario para su funcionamiento”.
