La ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, confirmó que los empresarios de colectivos que prestan servicio en la provincia recibirán una multa por el paro que se cumplió el martes 5 de marzo, en medio de un reclamo nacional de los choferes nucleados en UTA. "Se aplicó una multa o se está trabajando desde la Secretaría de Tránsito en aplicar una multa porque el servicio tiene que estar garantizado para los sanjuaninos", destacó la funcionaria este jueves. A su vez, anunció que se intentarán frenar futuras medidas de fuerza con conciliación obligatoria.
El anuncio que confirma que el Gobierno de San Juan se pone firme con la situación del transporte en San Juan, se da en medio de una crisis por la falta de subsidios nacionales que determinó la gestión de Javier Milei, el desacuerdo por el aumento de sueldos a los choferes y el paro consumado, que UTA amenaza repetir si no logran su meta salarial. La medida de fuerza en el transporte se dio el mismo día del inicio de clases, ya que lunes se dio el paro de los gremios docentes y tuvo un fuerte impacto entre los usuarios y en el comercio.
En San Juan, se acaba de actualizar la tarifa, que más que se duplicó en su sección más usada, pasando de 200 pesos a 470 pesos este mismo mes.
"La verdad es que me parece que quedan rehenes los usuarios de un conflicto que es laboral y que se lo tratan de trasladar al Estado, pero la relación laboral no es del Estado, la relación laboral es de las empresas con los choferes. Entendemos que el reclamo salarial puede ser justo, pero deben llegar a un acuerdo y resolverlo", dijo en rueda de prensa Palma.
También comentó que "ayer, como no han llegado a un nuevo acuerdo salarial, se ha pagado el sueldo con la escala que se venía abonando. Lo que no han hecho es arribar un acuerdo con el nuevo sueldo que están pidiendo desde la UTA. Pero el Estado provincial está al día con el cumplimiento de sus obligaciones y las empresas también tienen que asegurar la prestación del servicio".
Ante la posibilidad de un nuevo paro, la ministra afirmó que se recurrirá a la conciliación obligatoria para asegurar la prestación del servicio. Subrayó que "la relación laboral no corresponde al Estado, sino a las empresas y los choferes". A su vez, reconoció la justicia del reclamo salarial y la necesidad de llegar a un acuerdo.
Palma comentó que cada seis meses se puede pedir una revisión del contrato, considerando las dificultades económicas actuales. Destacó el aumento del subsidio por parte de la provincia, asumiendo el esfuerzo. En esta línea reconoció el impacto del aumento en los usuarios y destacó su esfuerzo.
