En una movida que genera fricción y, a la vez, abre un complejo tablero de negociación, el Gobierno del presidente Javier Milei ha ratificado su decisión de vetar la ley que restituye los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), a pesar de sus esfuerzos por reavivar el diálogo con los gobernadores tras una reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. La estrategia oficial busca reconstruir puentes, pero la negativa a ceder en la distribución automática de fondos clave para las provincias se erige como un obstáculo significativo.
El Veto y la Promesa de Diálogo
Tras la confirmación del veto por parte del vocero presidencial Manuel Adorni, quien aseguró que la medida saldría este jueves, la intención del Gobierno de "retomar el diálogo con los gobernadores afines" se ve comprometida. La decisión sobre los ATN se suma a otros vetos, como los de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, bajo el argumento de que las leyes aprobadas por el Congreso no especifican el origen de los recursos.
Pese a este revés, el Gobierno ha intentado mostrar gestos hacia las provincias. Este miércoles se confirmó la re-jerarquización de la Secretaría del Interior a Ministerio, nombrando a Lisandro Catalán como titular con el objetivo explícito de impulsar el diálogo. Además, en la primera reunión federal post-derrota, estuvieron presentes no solo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, sino también el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, cuya presencia fue destacada como "lo más importante" por Adorni, dada su "muy buena relación al menos con el 90% de los mandatarios".
La Importancia de los ATN para las Provincias
Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) son fondos especiales creados por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, representando el 1% de la masa coparticipable de todos los impuestos federales, sumando con el tiempo otros aportes como el 2% del impuesto a las Ganancias y el 1% de Bienes Personales. La ley establece que estos fondos están destinados a "atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros" en las provincias.
Sin embargo, la característica más relevante de los ATN, y la razón de la tensión, es su naturaleza discrecional. A diferencia de la coparticipación federal automática, el Gobierno Nacional —específicamente el Ministerio del Interior— decide cuándo, cómo y a qué provincias enviar estos recursos. Esta discrecionalidad ha convertido a los ATN en una "herramienta clave para negociar apoyo político" con las provincias.
En 2024, la distribución de estos fondos alcanzó el nivel más bajo en 20 años, con apenas un 7,3% de los fondos ($49.800 millones) repartidos, lo que representa una caída del 91,3% en términos reales desde 2017. De los aproximadamente $630.000 millones disponibles, quedaron sin distribuir $562.830 millones. Si bien en 2025 se enviaron 18 ayudas financieras por $84.000 millones, aún restan $194.232 millones sin asignar. Esta distribución, que ha mostrado un incremento del 126,6% en términos reales, se justifica oficialmente por emergencias climáticas, pero en la práctica "sirve como herramienta política del Gobierno para afianzar vínculos". Prueba de ello es que provincias con buenas relaciones con el Gobierno, como Misiones, Entre Ríos, Tucumán y Salta, han sido las más favorecidas, mientras que distritos opositores como La Rioja, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no han recibido un solo peso de ATN en 2025.
Los gobernadores, que reclaman $215.000 millones por ATN, habían presentado un proyecto de ley en el Congreso para obligar a Nación a repartir estos fondos de manera automática y diaria, convirtiendo su no veto en una condición para el diálogo.
El Doble Juego y los Próximos Desafíos
La decisión de Milei de vetar la ley de distribución automática de los ATN pone en jaque su propia estrategia de recomponer la relación con las provincias, ya que "el vínculo está prácticamente roto" por el recorte de ingresos. Aunque desde Casa Rosada se insiste en que no se quiere "empezar a repartir ATN como caramelos", se busca mostrar disposición a resolver cuestiones dentro del margen del equilibrio fiscal.
El desafío ahora para el Gobierno es "recobrar credibilidad". La conversación sobre el Presupuesto 2026, así como el impulso a reformas laborales y tributarias y el proyecto para "sacar los dólares del colchón" y aumentar la recaudación provincial, serán cruciales en esta compleja mesa de negociación. Con Catalán como la cara visible del proceso, el Gobierno busca impulsar sus reformas estructurales, aunque sabe que con la actual composición parlamentaria será difícil sin el apoyo provincial.
