El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el exembajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, acusándolo de traición a la patria.
domingo 22 de marzo 2026
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SUSCRIBITELa polémica y la denuncia se enmarcan en el caso del gendarme argentino detenido por el gobierno de Nicolás Maduro, que lo acusó de espía.
Oscar Laborde y Nicolás Maduro
El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el exembajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, acusándolo de traición a la patria.
Según la denuncia, Laborde habría actuado en contra de los intereses de la Nación al intervenir de manera no autorizada en el caso del cabo de Gendarmería Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro bajo acusaciones de espionaje.
El conflicto comenzó en diciembre de 2024, cuando Gallo viajó a Venezuela para visitar a su pareja y su hijo. Aunque su entrada al país estaba debidamente autorizada, fue detenido tras cruzar la frontera desde Colombia.
Su familia denunció que las autoridades venezolanas confiscaron sus pertenencias y lo trasladaron en un vehículo sin identificar. Desde entonces, su paradero es incierto y no se han presentado pruebas que respalden las acusaciones de espionaje en su contra.
Ante la situación, Gendarmería Nacional presentó un habeas corpus alegando desaparición forzada, lo que violaría tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Aunque inicialmente el pedido fue rechazado, la Cámara Federal de Mendoza revirtió la decisión invocando el principio de jurisdicción universal, que permite investigar crímenes graves sin importar el lugar donde ocurran.
En medio de las gestiones diplomáticas lideradas por el Gobierno argentino, Laborde, quien fue embajador durante la presidencia de Alberto Fernández, habría actuado unilateralmente. Según la denuncia, Laborde entregó una carta al gendarme detenido en colaboración con funcionarios del gobierno bolivariano, sin autorización oficial.
El Ministerio de Seguridad acusó al exembajador de legitimar las acusaciones de espionaje contra Gallo y cuestionar la legalidad de su ingreso al país. Estas acciones, según el Gobierno, perjudicaron los esfuerzos diplomáticos argentinos y beneficiaron al régimen de Maduro, comprometiendo la posición del Estado argentino en defensa de un ciudadano nacional.
La denuncia se basa en el artículo 214 del Código Penal, que tipifica el delito de traición a la patria como actos que atentan contra los intereses soberanos de la Nación. Según el Ministerio, no es necesario un estado de guerra para que se configure este delito.
Además, se argumenta que la intervención de Laborde no fue humanitaria, como él sostuvo, sino que buscó desacreditar al Gobierno argentino y justificar las acciones del gobierno venezolano.
La Cámara Federal de Mendoza exigió a Venezuela información inmediata sobre el paradero de Gallo y las condiciones de su detención, apelando a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. También ordenó iniciar una causa penal para investigar la posible comisión de desaparición forzada en perjuicio del gendarme.
Mientras tanto, la Cancillería argentina continúa sus gestiones a través de la Embajada de Brasil en Caracas y organismos internacionales como la ONU y la OEA, dada la expulsión previa del personal diplomático argentino de Venezuela.
La denuncia contra Laborde ha generado divisiones políticas y tensiones diplomáticas:
Este caso, que combina aspectos de política internacional, derechos humanos y disputas internas, continúa siendo un desafío para la diplomacia argentina.
Las tensiones con el gobierno de Maduro se suman a las complicaciones internas generadas por la denuncia contra Laborde, que ahora deberá enfrentar un proceso judicial por presunta traición a la patria.