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SUSCRIBITEElías Piccirillo, detenido por denuncias de estafa y otros delitos graves, suma ahora una posible defraudación al Estado nacional con operaciones ficticias de importación.
El legislador liberal y candidato a renovar su banca, Yamil Santoro, junto al abogado José Lucas Magioncalda, presentaron una ampliación de la denuncia penal contra Elías Piccirillo, ex marido de Jesica Cirio, a quien señalan como pieza clave en una estructura delictiva que habría defraudado al Estado Nacional. Los delitos que se le imputan incluyen fraude, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La denuncia original, presentada en diciembre de 2023, advertía sobre irregularidades en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Se investigaba el uso del sistema para obtener dólares al tipo de cambio oficial, que luego se comercializaban en el mercado paralelo. Ahora, con nuevas pruebas, los denunciantes señalan a Piccirillo como el actor central de la maniobra.
Un informe periodístico reciente expuso cómo operaba el esquema: empresas vinculadas a Piccirillo habrían obtenido divisas sin realizar importaciones reales, para luego venderlas informalmente a un precio superior. Esto habría generado un perjuicio millonario al Estado, y violaría el artículo 174, inciso 5°, del Código Penal.
Santoro declaró que “con esta ampliación de la denuncia, queda en evidencia que no solo había irregularidades, sino una organización delictiva que utilizó el Estado como herramienta de saqueo”. Según la investigación, Piccirillo habría operado con la connivencia de funcionarios de la Aduana y del Banco Central, lo que podría configurar el delito de asociación ilícita (art. 210 del Código Penal).
En junio de 2023, Piccirillo adquirió el 19% de las acciones de Valle Fértil S.A., empresa controlante del Banco Sucrédito, con fuerte presencia en Tucumán. Además, durante un allanamiento en la casa de su suegra, se encontró un documento que registraba un gasto de $206 millones en su casamiento con Jesica Cirio, fondos que habrían salido de una fundación dirigida por él. Estos movimientos podrían ser constitutivos de lavado de activos (art. 303) y enriquecimiento ilícito (art. 268) del Código Penal.
Entre las medidas judiciales solicitadas por los denunciantes se encuentran:
“Estamos ante un caso de una gravedad institucional sin precedentes. Un entramado de funcionarios y empresarios montó un esquema de desfalco al Estado. Exigimos una investigación profunda y que la Justicia actúe con celeridad”, concluyó Santoro.
El caso podría alcanzar a más figuras del sector público y privado, y revelar una red de corrupción sistémica con impactos severos sobre la economía nacional.
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