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SUSCRIBITEOcurrió en San Juan 7 años antes de la denuncia que recayó ahora sobre el ex presidente, sobre el mismo rubro: las comisiones en los seguros contratados por el Estado. En ese momento, estuvo involucrado un ex diputado peronista.
Moises Lara.
Hay un antecedente fresco en San Juan del escándalo por la denuncia de corrupción que tiene por objeto a la administración de Alberto Fernández y que el propio ex presidente aceptó como una posibilidad este jueves sosteniendo en declaraciones radiales que “yo no robé, pero no puedo garantizar de que ella (su secretaria) no pudo haber hecho algo así”.
Es el de Moisés Lara, el representante del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), quien estuvo denunciado por maniobras similares a las que ahora es objeto la administración de Alberto: las comisiones en los seguros pagados por el Estado.
En la denuncia que estalló a nivel nacional se invoca una investigación del ex jefe del Anses, el cordobés Osvaldo Giordano (luego eyectado como consecuencia del voto negativo de su esposa en el Congreso a la ley ómnibus), en la que se detectaron algunas maniobras sospechosas.
La más importante es que en varios ministerios y otras reparticiones contrataron a un bróker de seguros como intermediario para que éste luego cumpliera con el formalismo de contratar a la empresa Nación Seguros, a la que estaban obligados a vincularse por disposición del gobierno para todos los seguros oficiales.
En el caso de la ANSES, uno de esos intermediarios era Héctor Martínez Sosa, un empresario vinculado desde hace años al sector del seguro, dueño de una de las empresas más fuertes que lleva su apellido. Martínez Sosa es, además, esposo de la secretaria de Alberto Fernández, llamada María Cantero.
La presunta maniobra que se investiga es si hubo algún delito en la contratación de esos intermediarios para los seguros que la Anses contrataba como seguro de vida por los créditos otorgados a los jubilados.
La operación que alertó a Giordano lo impulsó a dar marcha atrás con un contrato por 20.000 millones de pesos con Nación Seguros. Esta trama de contrataciones opacas con un rubro tan sensible como el seguro -actividad que el expresidente conoce en profundidad porque allí inició su actividad política- fue revelada en una columna del editor general Adjunto de Clarín, Ricardo Roa, titulada “Destapan otra caja negra de la política en la ANSES”.
Según ese artículo, Giordano investigó cómo era ese negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios. En la investigación, en concreto, Roa mencionó al bróker Pablo Torres García, poderoso empresario vinculado al peronismo cordobés de Juan Schiaretti.
Un amigo de la juventud de Alberto llamado Alberto Pagliano ejerció la presidencia de Nación Seguros los cuatro años que Alberto Fernández ejerció la presidencia. Empezaron juntos en los 90 en la década del 90, en ese rubro pero del lado del Estado. Es un pasado común que también se remonta a los inicios de Provincia Seguros, la compañía creada para ser la encargada de dar cobertura al gobierno bonaerense.
Puntualmente en esta denuncia, el portal Infobae indica que “se sospecha que toda la administración pública está atravesada por las empresas de Martínez Sosa y Asociados”.
El caso de Moises Lara y el IAPSER, que desde hace muchos años antes venía siendo contratada para prestar el seguro de ART a los trabajadores del Estado provincial, tiene características parecidas. Primero porque se trata del mismo rubro con el sector público y sus empleados (el de Martínez Sosa no se agota en los jubilados sino también hay sospechas en casos de trabajadores de varios ministerios) y segundo porque el objeto de las investigaciones fueron las comisiones que cobraron.
La empresa estatal entrerriana que tenía por representante al ex diputado peronista había sido favorecida con la licitación durante 11 años, pero cayó bajo sospecha cuando el servicio volvió a ser licitado y el mismo representante presentó una oferta mucho más económica. Eso hizo levantar sospechas, que luego dos abogados, Diego Seguí y Marcelo Arancibia, llevaron a Tribunales.
La presentación denunciaba lo que consideraban elevados montos que la provincia pagó durante once años al contratar el IAPSER para dar cobertura a los empleados estatales y a los policías. El entonces titular del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores, (que instruyó inicialmente y luego renunció por denuncias en su contra) investigó junto al fiscal Daniel Galvani, además de a Lara, a Oscar Bernard, ex asesor, y a Flavia Nayar Ojeda, sobrina de Lara y exgerente del IAPSER en San Juan.
Durante su presencia ante el juez, Lara fue requerido sobre ese punto de las comisiones, el punto neurálgico de la presentación judicial. Al salir de declarar en marzo de 2018, Lara dijo a Diario de Cuyo: "me molesta mucho por el daño que hace a mi representación comercial, a nivel político y por mi familia. Es injusto, sin ninguna causa. Estamos seguros que se ha hecho todo dentro de lo que corresponde. No repercute dentro del peronismo. Sí molesta que mucha gente prejuzgue. Pero no afecta dentro del partido", teniendo en cuenta que estaba a cargo de la Junta Departamental de Trinidad.
¿Y en qué terminó la causa? Antes de renunciar jaqueado por denuncias en su contra, el juez Pablo Flores decidió mandarla a archivo, al no reconocer a los abogados denunciantes como querellantes. Coincidió el fiscal Galvani, y las actuaciones judiciales se detuvieron al no prosperar la apelación de Seguí y Arancibia a la Cámara. Tampoco presentó ninguna denuncia la Fiscalía de Estado, que de acuerdo al criterio del juez era la titular de la acción, por lo que el episodio del IAPSER y Moisés Lara con los seguros del Estado no pasó de allí.
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