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SUSCRIBITE Hace unos días, en su mensaje en un acto de la CTA, Cristina Kirchner pateó el tablero y blanqueó, sin hacer nombres, la interna entre las organizaciones sociales (especialmente el Movimiento Evita) y el kirchnerismo, fundamentalmente La Cámpora, el sector interno del peronismo que lidera Máximo Kirchner.
Cristina fue contra la “tercerización” de la asistencia social que, según su criterio, debe volver a manos del Estado, en cuanto a su organización y administración.
La polémica se desató cuando se conocieron casos de beneficiarios que dejaban entre el 2% y el 20% del plan en manos de los movimientos sociales para aportar al mantenimiento de los mismos, y a la logística de manifestaciones y marchas.
Poner fin a los planes en manos de las organizaciones sociales significaría, casi, la desaparición lisa y llana de estas agrupaciones, que mantienen un amplio despliegue humano y territorial en base al poder económico, que muchos consideran coercitivo.
No hay que olvidar, para el análisis, que el mensaje de Cristina fue dedicado especialmente al Evita, que conducen Emilio Pérsico y el Fernando “El Chino” Navarro, dirigentes con relación, y despachos, muy cercanos a Alberto Fernández.
En 2017, por ejemplo, Pérsico había asegurado que “con Randazzo vamos a jubilar a Cristina”, en la previa de las elecciones legislativas.
Finalmente, Cristina perdió por pocos puntos contra esteban Bullrich, y ganó su banca a Senado por la minoría. Los votos que cosechó Randazzo fueron claves. Si hubieran ido a Cristina, Unidad Ciudadana se habría impuesto en esos comicios.
La contra propuesta a los planes es el Salario Básico Universal, una entelequia tras la que cerraron filas la facción Patria Grande que integra Juan Grabois, hombre clave de los movimientos sociales, y La Cámpora, el motor militante del kirchnerismo.
Se trata de entregar a todo trabajador con bajos ingresos, entre 18 y 64 años, un aporte similar al monto de la canasta de indigencia de un adulto, que hoy se calcula en alrededor de 14.000 pesos.
Las franjas etarias que quedan afuera del proyecto, para los patrocinadores, están cubiertas por la AUH, los menores, y las moratorias previsionales más una amplia cobertura jubilatoria, para los mayores.
El SBU beneficiaria a 7.5 millones de personas, más o menos los mismos que fueron alcanzados por el Ingreso Familiar de Emergencia, programa que se entregó durante la pandemia y que fue discontinuado, después de sólo 3 entregas de 10.000 pesos, por el ministro de Economía Martín Guzmán.
Entre ellos se contarían trabajadores que estén salarialmente por debajo de la línea de indigencia, desocupados, trabajadores informales, monotributistas sociales, trabajadores agrarios, trabajadoras de casas particulares, y monotributistas clase A.
La idea de los firmantes es llevar la discusión “de abajo hacia arriba, de la periferia al centro, de modo de construir agenda y explicar el cómo, el por qué y el para qué”.
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