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SUSCRIBITELa Boleta Única de Papel será utilizada por primera vez en las elecciones nacionales tras la sanción de la Ley 27.781. El nuevo sistema busca mayor transparencia, equidad y eficiencia, en línea con lo que ya ocurre en gran parte de América Latina.
Con la sanción de la Ley 27.781, la Argentina implementa la Boleta Única de Papel para todos los procesos electorales nacionales. Se trata de un cambio estructural que busca mayor transparencia y equidad, siguiendo un modelo ya adoptado por la mayoría de las democracias de América Latina y el mundo.
El sistema electoral atraviesa una transformación con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), establecida por la Ley 27.781. Este nuevo instrumento de votación reemplaza el tradicional modelo de boletas partidarias y tiene como objetivo mejorar la transparencia del proceso electoral, evitar la manipulación del voto y facilitar el acceso equitativo a las fuerzas políticas. En la Argentina se renuevan bancas en la Cámara de Diputados y en el Senado. En San Juan, se renuevan los puestos de la orreguista María de los Ángeles Moreno y los peronistas Walberto Allende y Fabiola Aubone.
En esta nueva modalidad, el Estado se encarga de imprimir una única boleta en la que aparecen todas las agrupaciones políticas que participan en una elección, junto con la foto del primer candidato o precandidato en el caso de las PASO. El elector deberá marcar en un casillero en blanco la fuerza política de su elección, y tendrá también la opción de elegir la lista completa. La opción de votar en blanco sigue vigente, aunque no tendrá un casillero específico: simplemente se deja sin marcar la categoría correspondiente.
Uno de los puntos clave del nuevo sistema es que se eliminó el procedimiento que obligaba a realizar el escrutinio completo de una mesa en caso de haber siete o más votos nulos. Además, se restableció el voto por correo postal o presencial en sedes consulares para los argentinos que residen en el exterior.
La normativa establece también que se realizará un solo sorteo público para definir el orden de las agrupaciones en la boleta, el cual se mantendrá tanto para las elecciones primarias como para las generales. Se elimina, por otro lado, la inclusión del número de mesa en el diseño de la boleta, apuntando a una mayor estandarización.
Las agrupaciones políticas deberán presentar, con 60 días de antelación, sus símbolos, logotipos, emblemas, denominaciones y fotografías de los candidatos, para que sean incorporados en la BUP. La Junta Electoral Nacional de cada distrito convocará a una audiencia pública con 40 días de antelación para exhibir el diseño final, y se establecerá un plazo de 48 horas para realizar modificaciones si es necesario.
Las boletas deberán ser impresas al menos 30 días antes de la fecha de los comicios. Se establecen además prohibiciones estrictas durante el acto electoral: queda vedado fotografiar la boleta y se imponen multas de hasta 200 módulos electorales por violar esta disposición. Los fiscales o apoderados tampoco podrán tomar contacto con la boleta ya emitida para recurrir el voto.
El sistema define varios tipos de votos. Son considerados afirmativos los emitidos mediante una BUP oficializada con una opción marcada. Se consideran nulos aquellos con múltiples marcas en una misma categoría, inscripciones que impidan identificar el voto, roturas que afecten su interpretación o la presencia de objetos extraños. También se contemplan los votos en blanco, los recurridos y los de identidad impugnada.
La implementación de la Boleta Única no es nueva en el mundo. El modelo nació en Australia en 1858, como respuesta a la necesidad de garantizar el voto secreto y evitar fraudes. A lo largo del siglo XX, este sistema se fue adoptando en numerosos países de Occidente.
En América Latina, Argentina y Uruguay eran hasta ahora los únicos países que no utilizaban alguna forma de boleta única. En contraste, Brasil y Venezuela tienen boleta única electrónica, mientras que países como Chile, México, Costa Rica y Perú ya aplican el sistema en papel.
Chile utiliza desde 1958 su Cédula Única, mientras que México aplica estrictos criterios de seguridad en sus boletas para evitar falsificaciones. Costa Rica, que adoptó este modelo desde su Constitución de 1949, envía una cantidad exacta de boletas según el padrón de cada centro. Perú, por su parte, incorporó su versión en 1963, destacando la agilidad que aporta al trabajo de las autoridades de mesa y a la experiencia de los votantes.
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