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SUSCRIBITEAnte la ola de llamados al 911 con falsas denuncias que demandan un operativo millonario a las fuerzas estatales, se dispusieron más medidas.
El fiscal de Estado de la Provincia de San Juan, Sebastián Dávila, informó este jueves que, frente a la reiteración de amenazas de bomba en edificios públicos, se dispuso dar inicio a demandas civiles por daños y perjuicios contra quienes resulten responsables por sí o por personas a su cargo bajo responsabilidad parental, en paralelo al seguimiento de las acciones penales correspondientes.
"Estas conductas, en las que el Estado Provincial es víctima, además de generar alarma social y desviar recursos públicos esenciales, constituyen hechos de gravedad que no pueden quedar impunes", destacaron oficialmente.
Este año la práctica de llamar con falsas amenazas al 911 parece haberse puesto de moda, con situaciones de alarma en escuelas, el Centro Cívico, el Hospital Rawson y el concierto de Lali Espósito, entre otros. Esto genera un despliegue de policías, bomberos y la evacuación del lugar, a la par de costos millonarios al Estado.
Dávila dijo que estas medidas estarán operativas el lunes oficialmente. No obstante, aclaró que en este último tiempo hubo 16 hechos y que a todos ellos también les recaerá esta demanda civil. A pesar de que los responsables pagaron la reparación simbólica que ronda los $4.000.000 en el ámbito penal, desde ahora también deberán pagar la acción civil si así lo determina la Justicia y en el monto que sea definido por el juez.
Desde Fiscalía de Estado informaron que además, en los casos penales en donde se ha identificado la participación de personas menores de edad, se solicitará la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, a fin de garantizar un abordaje integral que contemple tanto la dimensión legal como la socioeducativa del menor en conflicto con la ley penal, con la participación de su círculo familiar, vecinal y social, según corresponda y de acuerdo a lo que dictamine el estudio de los gabinetes técnicos de la propia Dirección o bien, según lo crea conveniente, mediante el Programa de Justicia Restaurativa Juvenil, a cargo del Poder Judicial de la Provincia de San Juan, con el objetivo de promover el análisis, la reflexión, y la prevención de futuras conductas de riesgo.
"Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de la ciudadanía, la protección integral de los espacios públicos, y el fortalecimiento de una convivencia basada en el respeto y la responsabilidad que contribuya a la paz social de la Provincia", expresó Dávila.