Para el Poder Judicial, la Ley Orgánica de Tribunales es un cuerpo normativo que regula el funcionamiento y la vida del trabajo judicial. Allí se especifican horarios de ingreso y egreso, funciones de los empleados, turnos, toda la reglamentación interna está contenida en la normativa. Por estos días, hay una comisión que está evaluando las reformas a esta Ley Orgánica y hay una decisión tomada respecto de su redacción: será desmasculinizada y se usará lenguaje claro que incluya a los géneros y diversidades.
Actualmente hay cuatro comisiones trabajando en distintas reformas judiciales: la comisión de Códigos Procesales Civil y Comercial, la comisión de Redacción del Código Procesal de Familia, la comisión de reforma de la Ley de Recursos Extraordinarios y la comisión de reforma de la Ley Orgánica de Tribunales, presidida por el cortista Daniel Olivares Yapur.
“Al analizar la Ley Orgánica de Tribunales nos choca que está totalmente masculinizada, la vamos a reformar teniendo en cuenta el uso de un lenguaje inclusivo, un lenguaje claro”, explicó la autoridad judicial. Esto no significa que se vaya a utilizar palabras que no están incluidas en la Real Academia, pero sí las referencias serán a los y las abogadas, a los y las funcionarias, entre otros cambios que se aplicarán.
La necesidad de adaptación a un lenguaje que incluya a los géneros y diversidades será parte de la nueva redacción. Incluso los funcionarios judiciales tomaron cursos de capacitación para ir orientando la estructura hacia el uso de un lenguaje que no excluya. En el mismo sentido, se les sugiere a los jueces que tengan en consideración “todas las normas del lenguaje claro” a la hora de dictar sentencias.
La última vez que se modificó la Ley Orgánica de Tribunales fue en 1987. Además de su redacción masculinizada, hay otros aspectos que serán sujetos al cambio, entre ellos el horario de trabajo de los trabajadores del Poder Judicial que no contempla el doble turno ni las guardias de fin de semana que exige el sistema acusatorio.
En esta línea, se decidió también que en el concurso de ingreso al Poder Judicial que se abrirá el año próximo haya un cupo para personas trans y diversidades, tal como lo establece la legislación vigente. En septiembre del 2020, a través del decreto 721/2020 el Gobierno Nacional estableció que al menos un 1% de los cargos dentro del sector público deberán ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad.
