Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE El juicio por la mega causa de expropiaciones que involucró a abogados y funcionarios judiciales sanjuaninos parece acercarse a su inicio después de tantas idas y vueltas, con la sesión clave que mantendrán los miembros del tribunal específicamente designado para atender la recusación presentada por los defensores Cayetano Dara, Edishon Sobelvio y Guillermo Toranzo.
Luego de la elección -por sorteo- de los jueces que presidirán el plenario, Martín Heredia Zaldo, Silvina Rosso de Balanza y Matías Parrón, las defensas se opusieron a ser juzgados por ellos y presentaron la recusación, una forma de apartamiento de un juez de un proceso cuando una parte considera que su imparcialidad se encuentra en duda.
Según indicaron fuentes judiciales, a mediados de esta semana, el tribunal conformado por Alberto Caballero, Federico Rodríguez y Ana Carolina Parra resolverá la cuestión que demora el arranque del debate. Definirá si acepta o rechaza el recurso de derecho procesal ofrecido por las defensas y, una vez sorteado este incidente, el juicio que se desarrollará en la Sala I de la Cámara Penal estaría encaminado.
Esto se dio en un contexto en el que las demoras han sido una constante sobre todo desde que una parte de la causa fue elevada a juicio. Es que los constantes recursos presentados y la burocracia judicial conspiraron con la dilatación de los plazos a tal punto que el comienzo del debate resulta incierto.
Dara y Sobelvio también recusaron a los fiscales Daniel Galvani e Iván Grassi, por lo que la querella encarnada por Rubén Pontoriero -que representa la Fiscalía de Estado- protestó por el accionar de las defensas opositoras y pidió que los abogados sean sancionados.
El grupo de los procesado que esperan por el juicio está integrado por Santiago Graffigna (el abogado procesado como jefe de la asociación ilícita), Ana María Melvin (ingeniera, perito de Fiscalía de Estado), Carlos Macchi (juez destituido por este escándalo), el abogado y socio de la asociación ilícita Horacio Alday, la ex jueza Rosalba Marún y tres peritos que citaba Graffigna: Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Hugo Bustos.
Todos ellos están acusados por el concurso de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, tentativa de fraude a la Administración Pública, asociación ilícita, defraudación por ocultamiento o sustración de medios o elementos de prueba, entre otros delitos que comparten como integrantes o partícipes necesarios de una asociación ilícita, una red de estafa.
Contenido especial