No actualizan los precios, no hablan de aumentos, no informan sobre el rumbo de las políticas públicas sociales en el país, y se están poniendo muchos millones de pesos de arcas provinciales para que el sistema social no colapse. En San Juan, la falta del diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que implica ausencia de respuestas a planteos concretos y deudas a la Provincia que no se pagan, está en un punto que preocupa y casi desespera en el Ministerio de Desarrollo Humano local.
Los ministros de las provincias gobernadas por justicialistas llegaron al punto de buscar modos “sui generis” de lograr una audiencia con la ministra nacional, y por eso se reunieron con los diputados de cada distrito días atrás, con la meta de impulsar desde el Parlamento una cita con Carolina Stanley. Dejaron un documento firmado y esperan que esta manera poco ortodoxa de hacerse escuchar dé sus frutos en el corto plazo.
Según dijo el titular del área local, Armando Sánchez, hace meses que vienen con insistentes pedidos de audiencias, para conocer explicaciones de los pasos a seguir, con preocupaciones como el rumbo de la tarjeta social y la actualización en sus montos de planes, además de la cobertura para comedores que resulta escasa. Todos los “agujeros” los viene tapando San Juan con fondos propios cuando corresponden a arcas nacionales, y de la misma situación se quejan en otros puntos del país comandadas por peronistas.
Hasta 2015, en los programas sociales había una intervención de 80 % de recursos nacionales y 20 % de provinciales. Hoy es al revés. Por ejemplo, la tarjeta social involucra 130 pesos que llegan de Nación –que en el Ministerio local sacan la cuenta que alcanza para comprar dos kilos de pan- y San Juan pone 570 pesos. Sólo La Rioja pone más, 720 pesos, y el resto de las provincias hacen el esfuerzo que pueden y pagan con fondos propios entre 200 y 500 pesos. Lo mismo pasa con los comedores, para los cuales Nación manda para este año 47 millones de pesos y San Juan suma 340 millones. Otro tema es el de las pensiones por discapacidad que se congelaron en todo el país en 2015 y San Juan tiene presentados unos 2.000 expedientes en Nación para acceder al beneficio, sin que se dé respuesta, mucho menos gestionar movilidades por la Ley de Cheques.
El dilema es cuánto más se podrá sostener este esquema social con financiamiento sanjuanino. Al menos San Juan se plantea con las cuentas ordenadas, esgrimen en Desarrollo Humano. Pero ya se plantean escenarios complejos en otras latitudes. Hay casos que ya comparten en la liga de ministros del PJ sobre la necesidad de abrir comedores comunitarios como los que había en 2001, en medio del latigazo de la crisis económica en aumento.
En este marco, en la reunión que se dio en el Congreso se avanzó en presentar un proyecto de ley para crear el Consejo Federal de Desarrollo Social que "garantice la participación de todos los distritos del país en la toma de decisiones en torno a las políticas sociales".
En San Juan preocupa especialmente la situación de los planes sociales nacionales, que tuvo especial atención especial de la gestión de Mauricio Macri en querer darlos de baja a principios de este año. En febrero, con el estallido de las organizaciones sociales en las calles sanjuaninas, Sergio Uñac se reunió con los ministros macristas Stanley, Triaca y Frigerio cuando iban a bajar 13.000 de los 26.000 planes que hay en el país, todos sanjuaninos. El Gobernador consiguió una prórroga por tres meses para la revisión caso por caso, plazo que venció a principios de mayo. No se manejan cifras exactas ni noticias de cómo va ese tema, “no tenemos información en la provincia e incluso nos ‘puentean’ a los ministerios en los relevamientos territoriales con asociaciones civiles que quizá ni conocen el terreno’”, se lamentó Sánchez.