El miércoles 8 de junio el Concejo Deliberante de Caucete sometió a
interpelación al intendente Julián Gil, por su relación
que el mandatario tiene con Pedro Bustos, un hombre que llegó a estafar a una
concesionaria de autos firmando un documento de compra de un vehículo con un
sello que lo sindicaba como director de Obra Pública del departamento.
Bustos, meses atrás de la maniobra, había sido contratado
por el municipio para tareas variopintas como bacheo, la colocación de una
estructura metálica en la entrada de la ciudad y la seguridad de la Fiesta de
la Uva y el vino. "Bustos tiene una empresa de servicios” se justificó Gil
a Tiempo de San Juan.
La interpelación votada por unanimidad por el cuerpo
legislativo caucetero, comenzó accidentada. "Hubo una serie de
contratiempos”, alegó Gil. "Llegaron citaciones cruzadas, demoradas, al
final por supuesto que comparecí.”
"En principio había presentado un escrito, porque
respondía el reclamo de Fornasari (el dueño de France Motors que reclamó al
municipio porque su supuesto funcionario no pagaba), peor la intención era
comparecer. Es más, la interpelación fue votada por todos los concejales porque
lo consensuamos así, porque creemos que siempre hay que presentarse y decir la
verdad”, confirmó.
"Nosotros actuamos sobre la denuncia de Fornasari. Pero
no vamos a abrir caudas en las que el municipio no está involucrado. Hicimos lo
que había que hacer. Que bustos sea un estafador no tiene nada que ver con
nosotros”, apuntó.
Gil respondió a los puntos conflictivos de la historia que
derivó en su presentación antes cuerpo legislativo. "Si mi camioneta
estaba estacionada temprano en la mañana frente a la casa de bustos (la
camioneta municipal que usa gil, y que los concejales del FpV sostienen que
utilizaba Bustos) es porque fui a reclamarle por una obra inconclusa, que al
final terminó. Es mi obligación como intendente que lo contrato”, aclaró.
Sobre la foto en Punta alta, adonde la delegación oficial
caucetera se trasladó, y en la que aparece bustos como uno más del grupo, Gil
ratificó lo que contestó ayer: "Nos encontramos de casualidad, y lo
invitamos a sumarse, como haríamos con cualquier caucetero”.
Otro dato conflictivo tenía que ver con la documentación e
la empresa PYR, propiedad de Bustos, y el monto que erogó el municipio.
"Con la AFIP tenían todo en regla, si no nos hubieran podido facturar. Es
cierto que no le pedimos los antecedentes, pero eran obras de muy poca
envergadura, y un artículo del reglamento nos permite tomar esa decisión”.
Romina Rosas precisó a Tiempo de San Juan que PYR había
cobrado más de 190.000 pesos del municipio, cuando Gil había dicho 30.000.
"Hablé del monto aproximado de cada obra, lo que sucede es que le dimos
varias, por lo que el total de lo pagado se puede acercar a lo que dicen”,
concluyó.