La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, escribió una columna de opinión en la que afirma que "para la corrupción, como para el tango, hacen falta dos". Asegura que para evitar este flagelo debe haber articulación entre funcionarios públicos y el sector privado.
A continuación, la publicación completa de Alonso:
Para la corrupción hacen falta dos, como en el tango. En delitos contra la administración, o de corrupción, en los que participan comúnmente funcionarios públicos, también está involucrado el sector privado.
La experiencia internacional demuestra que una política efectiva de integridad y lucha contra la corrupción debe basarse en la articulación y la cooperación entre ambos sectores.
¿Cómo lograrlo? Es imperioso modificar la estructura de incentivos vigente para que las empresas y otras figuras jurídicas del mundo privado colaboren con el Estado en la prevención e investigación de la corrupción.
Actualmente, en Argentina pasa lo contrario: bajo nuestra legislación, las personas jurídicas (empresas, sindicatos, fundaciones, federaciones, clubes, etc.) no reciben sanciones si alguno de sus miembros incurre en un delito de corrupción en nombre o bajo el interés de aquella.La ley sólo castiga a los individuos.
En este marco y frente al mandato impuesto por las Convenciones de la ONU y de la OCDE contra la corrupción y el soborno transnacional -ambas ratificadas por la Argentina-, la Oficina Anticorrupción elaboró una serie de anteproyectos de ley que prevén la sanción de personas jurídicas que faciliten o incurran en la comisión de delitos contra la administración pública y de soborno en otros países.
También se pretende juzgar, en nuestro territorio, a las personas jurídicas argentinas que hayan participado de actos de corrupción en el extranjero.
La propuesta contempla un régimen progresivo de sanciones: desde multas económicas hasta la suspensión de la participación en procesos licitatorios públicos.
Además prevé el "acuerdo de colaboración eficaz" a través del cual la persona jurídica podrá brindar al fiscal de la causa información para investigar otros delitos, identificar a los participantes o restituir el dinero que obtuvo de manera ilícita a cambio de obtener una atenuación en la sanción.
Además, quienes desarrollen y tengan sistemas robustos y efectivos de prevención de la corrupción podrán no ser sancionados u obtener otros beneficios.
A través de una herramienta similar, hace pocas semanas, la segunda constructora más importante de Brasil se comprometió a devolver US$ 287 millones que había obtenido por sobrefacturaciones de obras para estadios del Mundial de Fútbol de 2014.
El Foro de Convergencia Empresarial, IDEA, varias cámaras empresariales, compañías, ONGs dedicadas a la transparencia y expertos han manifestado su interés en contribuir y enriquecer este debate y nuestros anteproyectos de ley con el objeto promover la aprobación parlamentaria de esta legislación que ya está vigente en países como Chile, Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña. Argentina es el único país que ratificó la Convención de la OCDE y no la cumple.
El país ha recibido evaluaciones negativas que perjudican su reputación global y sus oportunidades económicas frente a otras naciones que compiten por recursos e inversiones.
Contar con una legislación de este tipo mejora el clima de negocios y ataca directamente los problemas de competencia desleal que la corrupción trae a las empresas que actúan ajustadas a derecho.
El Congreso tendrá la responsabilidad de debatir y sancionar estas leyes orientadas a reformar en profundidad las estructuras que facilitan la corrupción y a aumentar la capacidad de investigarla. El compromiso de todos los sectores para combatir la corrupción es urgente y necesario. Nos une. En materia de lucha contra la corrupción, los argentinos podemos bailar un tango bien distinto.
(Fuente: Los Andes)
