El juez Sebastián Casanello, aceptó que la Oficina Anticorrupción (OA) actúe como querellante en la causa que investiga posibles maniobras de lavado de dinero, conocidas como "la ruta del dinero K".
El organismo que conduce Laura Alonso habría presentado un argumento que explica que el dinero habría sido obtenido a partir de sobreprecios en la contratación de obras públicas. Casanello investiga la responsabilidad de Lázaro Báez y otros imputados en una maniobra por la que se sacó plata del país y posteriormente se la reingresó al circuito financiero.
El juez consideró "correspondiente" admitir la acusación de la Oficina Anticorrupción , a fin de esclarecer hechos que perjudican el patrimonio del Estado "y respecto de las conductas concordantes abarcadas por la Convención Interamericana contra la Corrupción".
De acuerdo con la OA, la maniobra de lavado se planeó a través del Ministerio de Planificación, organismo que contrató obra pública con sobreprecios y que pagó adelantos injustificados para destinarlos "retornos".