Tras conocerse la decisión de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, de rescindir más de 2.000 contratos firmados por el cuestionado Amado Boudou, el gremio legislativo anticipó recursos legales para responder a la medida.
Tal como se está haciendo en muchas ciudades del país, en el Gobierno nacional apuntaron a estudiar cada contrato de servicio y tratar de eliminar "ñoquis". Sin embargo, el titular de la Asociación de Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, anticipó este lunes que recurrirán a la Justicia para frenar la decisión.
Los contratos cuestionados se firmaron entre enero y noviembre del año pasado y fueron autorizados por Boudou, quizás el más cuestionado de los funcionarios de la administración K.
"Lo que hizo la vicepresidenta va en contra de la Ley de Empleados Legislativos. Vamos a apelar legalmente, por vía administrativa y ante la Justicia”, reveló Di Próspero en declaraciones a la agencia de noticias Télam.
Para el secretario general de APL, el gremio más numeroso de los tres que representan a los trabajadores legislativos junto con ATE y UPCN, "hay que ver los fundamentos del decreto”.
"Si habla de ‘ñoquis’ ¿por qué hace dos días cobraron el sueldo?. Quieren dibujar el tema de los ‘ñoquis’ con su política de Estado que es echar trabajadores”, denunció Di Próspero.
Además, desmintió haber sido convocado a la comisión especial conformada por todos los bloques legislativos para estudiar las medidas de recorte.
Finalmente, Di Próspero reiteró que se recurrirá la medida por vía administrativa y que se convocará a la gente a manifestarse.
"Pero no se trata sólo de manifestarse sino de defender los derechos de los trabajadores legislativos”, sentenció.
