OPINIÓN

Concurso de ingreso a la justicia: ¿para mejor o para peor?

Objetivo cristalino, señales turbias. Los que ganen, a sentarse a esperar un dedazo. Ortografía extraña: ¿y se examina a los actuales escribientes? Insólito: preguntas del código viejo. Perlita: las abogadas que se quejaron a la Corte. Por Sebastián Saharrea.
domingo, 20 de septiembre de 2015 · 09:17
Por Sebastián Saharrea

Hacen bien los empleados judiciales en renegar del rincón en que han quedado encasillados: relajados, poco comprometidos, hasta vagos. Hasta la lógica les juega a favor: son 700, hace falta el doble para un correcto funcionamiento de Tribunales, en consecuencia se trabaja más de lo normal.

Ni una cosa ni la otra, como en todos lados. Están las becas, generalmente asociadas al origen del apellido pero no siempre, y están los responsables que toman a su trabajo con compromiso. Igual, en algo habrá que coincidir: son empleos con estabilidad, un régimen horario beneficioso (de 7 a 1, aunque muchos juran trabajar por las tardes, sólo en los turnos de un mes cada 5 meses, sólo alcanza para ir al edificio en turno vespertino para comprobar que son muy pocos) y un buen salario (también en general, están los que galguean).

Será por esa razón que hubo una avalancha de inscriptos para el ingreso, en tiempos en que los empleos formales y estables no abundan. Cifra que se fue reduciendo una vez aplicados los filtros. Primeros, los personales: hubo quienes decidieron no prestarse a lo que consideran una maniobra de blanqueo, hacer de cuenta que se están concursando los cargos cuando en realidad los ganadores quedarán sometidos a una larga espera y a la decisión personal y sin argumentación. Es decir, el dedazo, con la diferencia de un universo más pequeño de posibles destinatarios de ese "beneficio”. Hubo 14.000 inscriptos originales, de los cuales quedaron 6.000 con la primera depuración.

Luego comenzaron a aplicarse los filtros del sistema. Los exámenes que fueron reduciendo el número de postulantes al banco de suplentes y que, a medio trámite transcurrido, ya ha levantado una fuerte polvareda. De aquellos 6.000, son ahora 720 los que se mantienen vivos: el resto se atascó en la cuneta de los exámenes dactilográficos y de ortografía, sobre lo que hubo muchos reclamos. Algunos de ellos, para tener en cuenta.

Se cuenta en Tribunales que el mismo examen ortográfico que se toma a los ingresantes se practicó con los actuales trabajadores del servicio de justicia. Se trata de una exigencia de primero inferior (que ya no existe, pero grafica lo elemental de las preguntas), con errores de ortografía groseros que estallan a la vista de cualquier lector asiduo. Y el resultado fue idéntico al de los ingresantes: de malo para abajo, con apenas un nivel del 20% de aprobación.

Ninguna novedad. Puede advertirse en los propios escritos emanados de los juzgados esos groseros errores en documento oficiales, que mínimamente un corrector más elemental del sistema Word es capaz de advertir. Y aquí es donde se desprenden las preguntas al sistema.

¿Es justo descalificar a un postulante a un empleo por error de ortografía, cuando esos errores son posibles de evitar pasando un filtro ortográfico informático más elemental que, por lo visto en los escritos de validez jurídica, nadie atina a ejercitar al menos por propia exigencia si es que no se establece por protocolo? Se advertirá que la pregunta encierra el término "justo”, precisamente en tierras de "la” justicia.

Otro posible pregunta apunta a exigir a los que entran más de los que están: ¿está bien pedirles rendimientos superiores –al menos en ortografía- a los actuales empleados? Puede entenderse que por criterios de estricta justicia la respuesta es no, como que por criterios de superación la respuesta es sí.

También hay un dilema entre ortografía y gramática. Un grupo de abogadas se quejó porque había palabras mal ubicadas, que ellas no corrigieron porque no tenían errores de ortografía, que era la consigna. Pero la corrección –realizada por una máquina- los consideró errores y las descalificó. Las profesionales impugnaron el concurso mediante una nota a la Corte, esperan respuesta.

Más razonable parece calificar o descalificar por conocimientos,  si la mecanografía se adquiere rápido y la ortografía puede valerse de un programa informático. Esa es la etapa que viene, pero a la que sólo estarán sometidos apenas 700 de los 14.000 que se anotaron. Es decir que el grueso de los concursantes originales no llegaron al examen que realmente debe dividir las aguas: se quedaron en cuestiones laterales y formales –mecanografía y ortografía- y se pierde el sistema de incorporar a gente con verdadera vocación y capacidad. Dos materias bien alejadas de tipear rápido y poner bien los acentos.

Encima, el examen de capacidad y conocimiento del sistema judicial y las leyes que se les exige a los concursantes en San Juan peca de torpe.  Y anacrónico: lo demuestra uno de los tantos tópicos sometidos a examen para el ingreso en el cual se interroga a los postulantes sobre las causales del divorcio.

Les pide a los pretendientes del cargo que distingan entre divorcio sanción y divorcio remedio, implicando el primero de ellos una culpa de alguna de las partes por múltiples causales, como por ejemplo un adulterio, y resultando el segundo una separación de común acuerdo.

Pero resulta que la modificación del Código Civil operativo desde el 1 de agosto de este año –es decir desde hace más de un mes y medio- establece que el divorcio es incausado, es decir que no debe mediar explicación más que la voluntad unilateral de separarse. No parece estar al tanto la autoridad del examen para el ingreso a Tribunales de semejante cambio, que aturdió a todo el mundo desde los medio hace bien poco pero que en el palacio nadie escuchó.

También hay preguntas a los concursantes de índole constitucional. Como si en lugar de escribientes lo que se estuviera seleccionando fuera un integrante de la Corte. Que no estaría nada mal.

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