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Minería: La política mendocina, pendiente de un fallo

Cambia el gobierno en la provincia vecina, pero un eventual viraje vendrá de parte de la Corte Suprema local, que prometió expedirse sobre la ley antiminera en los próximos meses. El factor San Juan, en la campaña presidencial. Por Daniel Tejada- Canal 13 San Juan.
martes, 15 de septiembre de 2015 · 08:28
Por Daniel Tejada
Canal 13 San Juan

"Hoy tengo la esperanza”, dijo el intendente de Malargüe, el sanjuanino Juan Agulles, eterno y frustrado defensor de la minería en suelo mendocino. En diciembre abandonará el municipio para asumir una banca en la Legislatura provincial. Pero sus expectativas no son precisamente políticas. Su fe está puesta en un fallo de la Corte Suprema que prometió expedirse en breve sobre la constitucionalidad de la ley antiminera que atravesó tres gestiones sin que nadie se atreviera a moverle una coma por decisión propia.

Curiosamente Mendoza palpita por estos días un posible quiebre en su historia de rechazo a la minería desde que fue sancionada la ley 7.722 durante la gobernación del radical Julio Cobos (2003-2007). Esa norma le puso un cepo a la actividad tal cual hoy se practica en San Juan. Prohibió, por ejemplo, utilizar sustancias como el cianuro.

Como ocurre en otros puntos del país con legislación similar, la negativa de recurrir a estos químicos sólo está reservada a la minería. El resto de los rubros tiene vía libre para hacerlo. En la pluma de los parlamentarios, evidentemente, pesó el lobby y el discurso ambientalista.

Consultado por Tiempo de San Juan, Agulles cifró sus esperanzas en que la Corte Suprema de Mendoza declare la inconstitucionalidad de la 7.722 y, sin más remedio, la próxima Legislatura deba reabrir el debate. 

Mientras tanto, emerge el "modelo San Juan”, que el propio José "Pepe” Scioli restregó públicamente el pasado lunes 7 de septiembre en Casa de Gobierno, con José Luis Gioja a su derecha: 

"Llevo su bandera en provincias que todavía tienen dudas en beneficio de la explotación de la minería sustentable y responsable”, afirmó el hermano del candidato presidencial más votado en las primarias.  "Este es un modelo que las provincias vecinas deberían venir a ver”, agregó luego de aclarar que hablaba específicamente de Mendoza.

Mientras tanto, el radical gobernador electo Alfredo Cornejo, así como el justicialista saliente Francisco "Paco” Pérez, evitaron embanderarse con la minería. "Vamos a defender el agua”, contestó recientemente el primero consultado sobre el futuro de la 7.722.

A su lado caminaba Mauricio Macri. Según reprodujo la prensa local, el candidato presidencial acomodó el discurso ultraminero que pronuncia cada vez que puede en San Juan para manifestar que "hay que respetar las autonomías provinciales”. Al estilo de Sergio Massa, en suelo vendimiador prefirió guardar el ímpetu metalífero.
Pero volviendo a la esperanza de Agulles –y otros dirigentes  mendocinos abiertamente promineros- hay dos factores que alimentan sensaciones encontradas.

El primero fue la determinación de los cortistas de evitar una audiencia pública y pasar directamente a la etapa del fallo. Esto fue celebrado por los defensores de la minería, porque entendían que la militancia ambientalista podía copar la parada nuevamente y ganar a fuerza de visibilidad. En una tribuna abierta, se podía imponer el que hiciera más ruido. Y la discusión aquí pasa por otro lugar.

El segundo factor es de carácter externo. Genera cierta incertidumbre en el sector prominero el antecedente del máximo tribunal cordobés, que ante una ley prohibitiva semejante a la mendocina ratificó su constitucionalidad con argumentos entre los que citó negativamente a los proyectos Veladero, de San Juan, y Bajo la Alumbrera, de Catamarca.

"Tengo la esperanza de que si ellos (los jueces) fallan a derecho, tienen que declarar la inconstitucionalidad de la ley 7.722. Pero con el antecedente de Córdoba, no puedo aventurarme a nada”, reflexionó Agulles.

"Si no desarrollamos la actividad minera, la provincia se va a tornar cada vez más inviable. Tengo la esperanza que desde la política se va a apoyar el fallo que tome la Corte Suprema”, agregó el malargüino. 

No habrá que esperar una resolución antes de las elecciones del 25 de octubre, según especulan en Mendoza. Pero tampoco pasaría del 10 de diciembre. Para alquilar balcones.

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