Un panel de expertos en derecho se mostró de acuerdo con impulsar la creación de la figura del "arrepentido" para avanzar en los delitos por corrupción, entre otras herramientas para la mejorar la prevención y sanción de este tipo de faltas.
La conclusión se desprende de un debate organizado por el Centro de Estudios Anticorrupción del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés. Según los especialistas que participaron de la charla, como el diputado radical y ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, el instituto del arrepentido "sería una herramienta adecuada" para la investigación de los delitos contra la administración pública.
"La corrupción tiene como una de sus características que se da en un marco de ocultamiento. Por eso es difícil la detección de estos hechos si no hay incentivos para que esa información salga a la luz”, manifestó el legislador. Recordó que la figura se utilizó en el denominado caso "Lava Jato", que alcanzó a la petrolera brasileña Petrobras, y permitió "en gran medida revelar la verdad de lo ocurrido” a partir de una reducción de la pena a quien aportara datos a la justicia sobre la red delictiva.
Junto a Garrido, participaron también de la actividad Hugo Wortmann Jofre (presidente de Poder Ciudadano); Roberto Durrieu (doctor en Derecho por Oxford University); Carlos Winograd (ex secretario de Defensa de la Competencia); Marcelo Basch (profesor de San Andrés) y Federico Morgerstern (autor del libro "La cosa juzgada fraudulenta”).
Según Wortmann Jofre, la Argentina debe "generar incentivos" para beneficiar a quienes brinden información sobre hechos de corrupción: "Existe una inmensa mayoría de personas que poseen datos y que no se quieren involucrar por miedo o desazón. Hay que romper el estado de anomia, educar en valores, incorporar incentivos morales, jurídicos y legales. Los héroes que deciden inmolarse por una sociedad corrupta forman parte de actos aislados que no cambian nada".
Para Basch, el "sector privado tiene un rol central en la detección e investigación de casos de corrupción" si existe la "decisión estatal de transferir responsabilidades".
"Esto se logró a través de esquemas de incentivos y, como decimos los abogados, del uso del garrote y la zanahoria. Penas muy altas para individuos y personas jurídicas, inclusive de prisión efectiva, pero también la posibilidad de reducir sanciones por medio de acuerdos con las compañías involucradas en las que surge la figura del 'arrepentido corporativo'", afirmó el docente de San Andrés, que está a cargo del Centro de Estudios Anticorrupción de la universidad.
Por su lado, Durrieu focalizó en "seguir la ruta del dinero" y los delitos por lavado de activos. "El dinero de la corrupción se reinvierte para construir poder económico en la legalidad con impunidad", indicó.
Acerca del financiamiento de actividades terroristas, el abogado sostuvo que las organizaciones criminales cometen sus ataques en determinadas jurisdicciones pero se financian en otras. "El lugar donde ponen la bomba no es el mismo donde se financia", explicó.
En lugar de combatir la corrupción, opinó Carlos Winograd, "deberían combatirse las causas. La recomendación es cuestionar la estructura y reformular la regla de gobernanza para que los incentivos a las prácticas corruptas tengan más costos que beneficios".
Federico Morgerstern planteó la posibilidad de que los sobreseimientos o absoluciones "puedan ser derogados" y los casos juzgados nuevamente si se comprueba que "hubo coacción o pago de sobornos al juez y el fiscal, o que ambas figuras actuaron con 'pereza moral y complacieron a un imputado sin haber tramitado ese proceso'".
"La aplicación de la cosa juzgada fraudulenta no va a terminar con la corrupción pero sí va a desincentivar cierres rápidos de causas, obligar a los jueces y fiscales a investigar más y mejor", consideró.