Suraty es el apellido que figura en la carátula de uno de los casos más llamativos del escándalo de las expropiaciones, aunque el amigo de Santiago Graffigna que le da nombre no sea el único involucrado. Es un expediente increíble: les expropiaron a las damas de la San Vicente de Paul una parcela para el barrio Orzali (Rawson) en el 90, pero nunca pudieron cobrar hasta 18 años después, cuando los derechos ya habían sido comprados por Suraty (en $40.000) y el abogado Graffigna consiguió que la jueza Marún le habilitara el pago por más de $1.1 millón. Hasta aquí, todos nombres conocidos en este fenomenal revuelo, pero resulta que Suraty no había comprado todos los derechos, sólo el 65%. ¿Y quién tenía el restante 35? Aquí empieza otra historia apasionante con protagonistas que hasta ahora sólo habían sido mencionados y ahora caerán de lleno en la investigación porque desfilarán a declarar.
Es el caso de Gustavo Mulet, el primer abogado que tuvo el expediente por la parte de la sociedad de beneficencia expropiada, quien quedó envuelto en una maniobra que no se aclarara y deberá explicarle al juez esas dudas. Dice Mulet que él llegó al caso por intermedio de una tía que integraba la Sociedad San Vicente de Paul y que lo llamó para que las defienda.
La entidad benéfica en San Juan estaba dividida en dos sectores: las vicentinas, que eran las que tenían terrenos en Rawson como el que generó luego el caso Suraty, y las mercedinas, que los tenían en Desamparados y también fueron expropiados, en el célebre caso Ruiz Guillermo (otro cliente de Graffigna que les compró derecho a las mujeres por monedas y terminaron cobrando $25 millones). A las damas les caía bien la expropiación: conseguirían dinero fresco para terminar el edificio de Zaballa y San Luis (Ruiz, Guillermo, donde lo que se expropió fue sólo una veredita), según dijo ante la jueza la responsable de la entidad, Carmen Arévalo de Del Bono.
Así fue que Mulet emprendió el juicio expropiatorio, obtuvo fallo en primera instancia confirmado por la cámara, y hasta sacó planilla de liquidación por $800.000. Todavía no entraba en juego ni Graffigna, ni Marún, sino la jueza era Miryam Bettio (esposa del fiscal de Estado procesado por este escándalo, Mario Díaz). Pero a pesar de todo ello, Mulet nunca pudo cobrar. ¿Por qué? Por la férrea oposición que jugaba el abogado de Fiscalía de Estado, Fernando Heras, quien siempre encontraba un argumento para evitar los embargos y ponía obstáculos insalvables.
Hasta que entró en juego el señor Suraty. Y Graffigna. Y la jueza Marún. Y el rol del abogado Mulet que no había podido cobrar, también empieza mostrarse dudoso. Porque el propio Mulet argumenta que él intervino hasta ese momento, el año 1997 cuando las mujeres hacen las sesiones de los derechos, y él se aleja porque su tía ya había fallecido y entendió que Graffigna sería quien se haría cargo de la defensa. Un dato importante para no descuidar: en ese momento ya había planilla de liquidación firme por el $800.000. ¿Y cómo dice lo que dice Mulet? Por medio de un escrito que presentó en el juzgado cuando se enteró que sería citado a declarar y donde afirma que a partir de 1997 ya no tuvo más contacto con la causa. A los investigadores no les cierra, porque habría documentos posteriores con la firma de Mulet.
¿Cómo siguió la historia? En el 97, las mujeres ceden los derechos del juicio sin saber que ya había planilla para pasar por ventanilla. Las estafaron, dijo en Tribunales Arévalo de Del Bono. Miguel Suraty, amigo de Graffigna, compró el 65% en $40.000 (aunque hicieron figurar $20.000 por cuestiones impositivas). Cuando declaró ante la jueza, Suraty dijo que su amigo le pidió el dinero por un negocio y que luego él se lo reclamó porque era para una ampliación de una vivienda y no podía esperar. Graffigna le devolvió los mismos $40.000 que había puesto, porque el juicio no había avanzado, según Suraty, quien aseguró no saber que a su nombre pasó Graffigna por ventanilla luego con la plata grande.
Al restante 35% las mujeres se lo vendieron a una tal Mónica Almeida, quien según ellas “se había mostrado interesada”, tal vez sabiendo lo que la sociedad benéfica no sabía: que ya había una planilla de cobro millonaria. Almeida es una ex empleada de Mulet, que en pocos días pareció arrepentirse porque le vendió los mismos derechos a Celina Infante. Almeida también está citada para los próximos días, pero ya no vive más en San Juan.
Celina Infante es hermana de Carlos Infante, abogado y socio de Mulet. Apareció ella como dueña de esa fracción y fue su abogada la que inmediatamente después de comprar esos derechos recusó sin causa a la jueza Bettio. El expediente cayó, milagro del sorteo mediante, en el juzgado de Marún de Sobelvio, la ex jueza renunciante y procesada por el escándalo. Inmediatamente, Grafigna –el abogado de Suraty, la otra parte de los derechos-pidió a Marún una readecuación del precio y que se liquide. Marún dejó firme la liquidación, cambió el cómputo de intereses, y la cifra se clavó en $1.180.000. Y corrió vista a Heras, el abogado de Fiscalía que había resistido los embargos a lo largo de 14 años. Pero éste no contestó.
Como resultado, se abrieron las puertas del cielo para este expediente. Al mes de haber llegado al juzgado de Marún, Graffigna aplicó la misma medicina que en otros casos. Presentó un escrito pidiendo que para no afectar el normal funcionamiento de la economía provincia, se le pagara en cuotas de $90.000. Así fue. Cuando empieza a cobrar, Graffigna asume la representación de Infante. Pero Infante dijo en su declaración a la jueza que a ella también la caminaron: le dieron $170.000 en efectivo cuando le correspondían $380.000 (el 35% de $1.180.000).
Suraty y Basañez tienen un par de cosas en común: ambos son amigos de Graffigna y ambos compraron derechos en expedientes escandalosos. El caso de Alberto Basañez tiene una lógica parecida a la de Suraty, aunque en su caso no se conocen más detalles porque aún no declaró. Basañez pagó, según la denuncia en su contra hace justo un año, entre $1.000 y $2.000 por los derechos expropiatorios de una vereda de un terreno ubicado en Brasil y Patricias Sanjuaninas. El dueño original era José Prividera, quien cedió esos derechos a Basañez, bajo el asesoramiento de Santiago Graffigna. Prividera había iniciado acciones preliminares, y luego sorpresivamente vendió a Basañez. Luego, Basañez y Graffigna presentaron una expropiación inversa por un reclamo de fondos de la expropiación original realizada en 1950 –muy parecido a “Ruiz, Guillermo”- y terminaron obteniendo un fallo favorable de la misma jueza de Suraty: Rosalba Marún de Sobelvio, quien sentenció pagar $8 millones, que sumados a honorarios recalaron en $10 millones. No se alcanzó a pagar porque lo frenó la cautelar.
Basañez es un ex gerente de la sucursal local del Banco Hipotecario, que actualmente reside en Buenos Aires. Su participación en este pasamanos genera dudas en la investigación por el modo en que se planteó similar a los otros escándalos y por la presencia de los mismos protagonistas: además de Graffigna y la jueza Marún, la provincia estaba defendida por el abogado de Fiscalía Norberto Baistrocchi.
Y aparece también otro nombre: el del camarista Roberto Pagés. Es que la Fiscalía de Estado entiende que tanto Graffigna en representación de Basañez como Baistrocchi en representación del Estado no tenían sus poderes en regla. Por eso, pidieron a la sala II de la Cámara Civil que certificara la falta de esos poderes y dicen que la sala (presidida por Pagés) nunca lo hizo.
Cuando se ordene el lío del juez (ver aparte), deberán desfilar en los próximos días ante el magistrado que se haga cargo Basañez y Prividera. También Mulet, Mónica Ameyda, por el caso Suraty. Y hasta Suraty podrá ser denunciado por un presunto falso testimonio.
domingo 26 de abril 2026
