Ley de Medios: arrancó la audiencia en la Corte

Las organizaciones que actúan como "amigos del tribunal" por el Estado y por el Grupo Clarín comenzaron con sus exposiciones ante la presencia de los siete ministros de la Corte Suprema, que deberá definir la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunciación Audiovisual.

Asdrubal Aguiar, por el grupo Clarín, desde el Observadotorio Iberoamericano de la democracia manifestó “La ley en su fundamento propone un régimen de intervención estatal, basándose en las restricciones a los medios según el pacto de San Jose de Costa Rica y a partir de allí se determina la concurrencia de los diferentes parámetros de interpretación para la previsión de las restricciones democráticas”.

Según el observador iberoamericano el propósito del grupo se basa en “no afectar la garantía de la libertad de expresión”, y agregó que “la cantidad de medios radioeléctricos, son agregados de la libertad de expresión, preservando el derecho de toda persona de recibir información y divulgarla”. En cuanto a esto marcó “el Estado tiene la potestad de administrar éter radioeléctrico, pero no puede impedir el crecimiento, desarrollo o viabilidad económica de los medios”.

En su defensa enfatizó que “la ley 26522 no tiene que afectar la libertad de expresión y debe reflejar el derecho interamericano donde los medios son servicios públicos que deben repartir la libertad de expresión”

Así funciona la audiencia

Durante la jornada hablarán, cada uno en su carácter de amicus curiae, los constitucionalistas Gregorio Badeni, Andrés Gil Domínguez, Miguel Rodríguez Villafañe y Beinusz Szmukler; los especialistas Eliseo Verón y Damián Loreti; la defensora del público, Cynthia Ottaviano; y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

La Ley de Medios fue sancionada hace cuatro años y todavía no está plenamente en marcha. Tres de esos años estuvo parcialmente suspendida por una medida cautelar dictada por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, en consonancia con los intereses del Grupo Clarín. Cuando los tiempos se precipitaron, la Corte avaló la persistencia de ese congelamiento pese a que el propio tribunal le había puesto como fecha de caducidad el 7 de diciembre del año pasado.

El gobierno se esperanzó con el denominado 7D, pero otro fallo ciertamente contradictorio del propio tribunal borró a esa fecha del calendario. Luego hubo un fallo de primera instancia que avaló los artículos que perjudicaban al Grupo Clarín y enseguida otro, de la misma Cámara, que revocó aquella decisión y favoreció al conglomerado empresario.

La causa llegó a la Corte a mediados de este año. El Tribunal parecía tener apuro en resolver. Sin embargo, pasaron las elecciones Primarias y lo único que surgió como novedoso fue la convocatoria a la audiencia pública que se iniciará hoy, como recta final hacia un fallo definitivo. El "no hay plazos" de ayer estira la incógnita sobre la fecha de ese fallo, si antes o después de los próximos comicios.