En medio de un fuerte debate con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, presentó una serie de correcciones al proyecto que busca regular las medidas cautelares.
“Vamos a agregar en forma concreta la protección a la vida digna en el proyecto. Les pido a los senadores que supriman la frase de forma directa. Le propongo al Senado también que, conforme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente incorpore el concepto de vida digna para que no queden más dudas de que este proyecto viene a proteger los derechos de los vulnerables y limitar las corporaciones. Este proyecto no agota todo el debate de la democratización de la Justicia, estos proyectos son en el marco de la regulación de fondo en el derecho jurídico argentino”, planteó en el Senado.
Y agregó: “Terminemos de darles argumentos a la patria zocalera, terminemos de darles de dar argumentos con conceptos que no dicen nada como hacen otras organizaciones”. Además, el funcionario negó que el proyecto vaya a cercenar la libertad sindical.
Un plenario de comisiones recibió al CELS, luego de que la organización de derechos humanos presidida por Horacio Verbitsky difundiera un comunicado en el que señalaba puntualmente que la norma que regula las medidas cautelares podría recibir cuestionamientos en cuanto a su constitucionalidad.
Verbitsky expresó que no cree que los proyectos de reforma judicial "solucionen todos los problemas de la Justicia en Argentina", pero advirtió que tampoco piensa "que estén en peligro las instituciones".
En ese marco, propuso modificar el proyecto que regula las medidas cautelares e incluir a sectores vulnerables, trabajadores y usuarios de servicios públicos como excepciones que pueden presentar ese tipo de medidas sin condicionamientos. Le solicitó a Álvarez que el texto aclare eso de forma fehaciente en el texto.
"Somos conscientes de que hay muchas presiones corporativas e interesados en impedir esta reforma, por lo que creemos que es fundamental blindar esta reforma", explicó.
Además del CELS, exponen otras organizaciones de derechos humanos y centros de estudios sobre Derecho, como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), la Asociación de Abogados Laboralistas y la Fundación Bicentenario.
Por otro lado, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inició el debate del proyecto de ley que busca hacer de carácter público y libre la accesibilidad por Internet de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios judiciales.
Encabezados por la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti, la reunión comenzó así la discusión de una de las iniciativas que conforman el paquete de reforma judicial, que continuara luego con el debate de otros de proyectos junto con la Comisión de Justicia.
Durante su presentación, el ministro de Justicia Julio Alak manifestó: "Las declaraciones juradas patrimoniales forman parte de la necesaria transparencia de los poderes de Estado a los efectos de ver si no incurren en actos de corrupción".
El ministro señaló además que el propósito del proyecto es "sanear cuestiones que la Ley de Ética Pública estableció pero que no se implementó", como la Comisión de Ética Pública.
"Explicó que en lugar de este cuerpo se propone un "control social", es decir, que sean los propios ciudadanos quienes controlen a los funcionarios e incluso a los candidatos a cargos nacionales, lo que remarcó "permite un control previo a la asunción del puesto y facilita el control posterior".
martes 28 de abril 2026
