SuperBenito

En el Primer Juzgado de Instrucción se pueden llegar a juntar los tres casos más resonantes y complejos de los últimos años en la provincia, por lo que en Tribunales hay una pregunta que todos se hacen y nadie responde: ¿Cómo hará Benito Ortiz con todo? Salvo que se transforme en un “superjuez”, es improbable que pueda administrar justicia saludablemente con el cúmulo de causas que a diario ingresan en un juzgado penal y, encima, con los tres principales casos de la provincia.
Como estaba en turno en junio del año pasado, cuando Ortiz aún no era juez (lo nombraron en noviembre), en ese juzgado cayó la masacre de Cristina Olivares, la joven pocitana que mataron de 140 puñaladas. Al sexto mes, cuando volvió a estar de turno en diciembre, cayó en ese despacho el doloroso crimen de Ariel Tapia, el niño de 11 años que fue hallado muerto en una heladera abandona al quinto día de su desaparición. Y ahora es prácticamente un hecho que llegará a ese juzgado el  escándalo por las expropiaciones.
Sucede que la mega causa por las expropiaciones despertó un espiral de inhibiciones de los integrantes de las tres salas de la Cámara Penal, donde prácticamente ya no quedan jueces para integrar un tribunal porque la mayoría argumentó amistad o algún conflicto con alguno de los 12 sospechosos. Y la Ley Orgánica de Tribunales dice que, ante esa situación, deberán recurrir a los jueces de primera instancia del fuero penal. Allí, por su numeración, Ortiz es el primero en la lista.
Pero, ¿cómo hará Ortiz? Abogados litigantes, empleados, magistrados, todos saben que es prácticamente imposible que un juez, con la infraestructura que tienen, se haga cargo de tres casos de esas características, que los hacen complejos de resolver y con mucha presión social por el impacto que provocaron.
Estas investigaciones judiciales insumen una cantidad de personal y de tiempo que en cualquiera de los juzgados de instrucción no tienen, principalmente, por la acumulación de causas en un fuero como el de instrucción penal, donde todos los hechos son graves, tanto para las víctimas de los delitos como para los sospechosos, donde su libertad está en juego.
Hasta ahora, tanto el caso de Ariel como el de Cristina están pendientes de resolución por la falta de elementos técnicos en el Poder Judicial de San Juan.