No hace falta ponerlo en off de record. Desde el último policía de calle hasta el jefe más empinado no tienen problemas en confesar a grabador abierto sus temores por las conductas de los jueces: que ellos se rozan en las calles con los delincuentes y que los magistrados los sacan por la puerta giratoria de Tribunales. Y vuelta a empezar: otra vez, policías y ladrones con la calle de escenario y el antecedente de las refriegas anteriores. Puede que eso funcione como escusa para justificar la ineficiencia policial, pero no habrá que perder de vista que la situación produce un desánimo real en las filas policiales.
No son más piadosos del otro lado. Para la mayoría de los jueces, la policía es un conjunto de vocacionales poco instruidos a quienes lo máximo que pueden llegar a reconocerle es –en casos contados- su entusiasmo. Así los tratan en la intimidad de los juzgados: son tan torpes, que “ellos” borran las huellas de los crímenes y “nosotros” no podemos avanzar con la investigación. También, lógicamente, esa supuesta incapacidad policial para manejarse en el escenario de los hechos suele funcionar como escusa para justificar las ineficiencias judiciales.
Y entre esos dedos cruzados del yo no fui se escurren los beneficiarios directos de estas desinteligencias, los delincuentes. Queda claro que esa línea de justificación que configura dos bandos sin interrelación entre ellos es el condimento que explica porqué nadie puede entregar un gesto a la sociedad para descontarle terreno a la inseguridad.
¿Cómo pelearle al problema con jueces y policías autistas y sin vinculación entre ellos? Mucho menos pretender que algún cruzado desactive alguna célula de protección policial o judicial sobre los nichos delictivos, a menos que alguien cometa la inocencia de suponer que tales protectorados no existen.
Poco hizo para desactivar la mecha de esos intereses contrapuestos entre jueces y policía las declaraciones del presidente de la Corte de Justicia provincial, Ángel Medina Palá, la última semana en el semanario San Juan 8. Cómodamente explayándose sobre los beneficios de la policía judicial, el magistrado arrasó contra las investigaciones policiales convencionales en una suerte de reacción corporativa ante las pocas respuestas que ofrece el sistema judicial para neutralizar el avance delictivo.
¿Así que el problema son los cabos de las comisarías que pisotean con sus borceguíes las manchas de sangre de un crimen y eso impide que Su Señoría imparta justicia deteniendo y juzgando a sus autores? Haberlo sabido antes, así poder evitar tantos procesos sin resolución y sin justicia siendo la solución tan sencilla.
Pero no lo es. Porque hay tanto policías como jueces ineficientes y “dóciles” para las tentaciones, y porque cuando alguien pide respuestas a la creciente cantidad de expedientes y casos violentos sin resolver no tienen mejor idea que señalar al costado: fueron ellos.
La policía judicial no es una mala idea, pero sería un fenomenal error postularla como solución instantánea a los problemas estructurales que sufre el sistema de seguridad y justicia. Nadie vaya a pensar que su eventual aplicación hará que los jueces se comprometan más con su trabajo, o que estos nuevos agentes de la estructura se besen la camiseta.
Hoy hay causas penales que demoran hasta 10 años en llegar a juicio. Eso redunda en que la mayoría de la población carcelaria de la provincia esté atrás de los barrotes sin sentencia firme, lo que configura una ilegalidad además de una inmoralidad que sólo pueden explicar las demoras inexplicables –muchas de ellas- en los juzgados y sin que la policía haya metido allí su borceguí.
El sistema que postula la Corte consiste en retirar a la policía de las pericias que demanda una instrucción judicial. Parte de una certeza preocupante: que un policía dedica buena parte de su tiempo en el traslado de los presos a Tribunales, realizar pericias ordenadas por un juez, producir allanamientos y hasta emitir certificados de domicilio. Demasiado trabajo para un agente que debería estar en las calles haciendo trabajos de prevención.
Lo que quieren hacer es destinar a la policía al patrullaje y prevención, y crear una fuerza nueva –la policía judicial- encargada de hacer todos los trabajos adicionales que demande una investigación criminal. Y puede venir con otro cambio estructural: el de sacarle a los jueces la instrucción de los casos y ponerlos en manos de los fiscales, para que los titulares de los juzgados se dediquen a resolver sobre las pruebas colectadas por la policía judicial bajo la orden de un fiscal.
El problema de suponer que este nuevo sistema podrá imponerse por sobre las malformaciones que crecen en los juzgados y las comisarías, es que habrá que implantarlo en un contexto dificultoso: el de vicios judiciales y policiales demasiado arraigados. La policía judicial ya funciona desde hace un tiempo en Córdoba, y si bien se trata de un cambio cultural que demanda tiempo para conocer sus resultados, hasta ahora no hay señales de que haya contribuido decisivamente en la tramitación de las causas. Y menos, que esa instrucción ejemplar de los crímenes se haya traducido en menos casos de inseguridad.
Para el final, hacen su ingreso dos ilustres habitantes del poder que también dan en el presente en este caso: los intereses y el dinero. Porque de lo que se habla en este caso es de la creación de una infinidad de cargos policiales y judiciales para desarrollar en sistema, y de una suma millonaria de fondos para administrarlo que dejarán de estar en manos del Ejecutivo para quedar en poder de la Corte. Esa es la pulseada detrás de las bambalinas: los millones de pesos que demandará el funcionamiento, los nuevos edificios y las designaciones en las cuales siempre habrá que escuchar lo que dice el oráculo judicial.
No hace falta abundar en detalles para contar la voracidad que hay en Tribunales por los cargos rentados, por pescar alguna porción de la torta presupuestaria por la vía de las designaciones. Tanto en los empleados del Poder Judicial como en la designación de los jueces se sucedieron los escándalos por el irresistible impulso de la corporación judicial por ubicar en ambos estamentos a parientes, amigos o facilitadores. Tanto que hoy habitan dinastías enteras los pasillos de Tribunales, desde jueces hasta escribientes. Producto -muchos de ellos- de concursos acomodados, generosa dedocracia, tráfico de influencias.
Y la nueva policía judicial reclamará de esos dos ingredientes. Más magistrados y más empleados, además de una fuerza absolutamente nueva que reemplace a estos torpes cabos de las comisarías por gente con más instrucción. Cómo no poder encontrarlos en la gran familia judicial.