Puso $5.000 y sacó $170.000: flor de negocio, pero eso no sería todo

Por Sebastián Saharrea

María Celina Infante es una maestra de Rivadavia a la que un día que le cayó del cielo un negocio muy fructífero: compró el 35% de los derechos de un juicio por un terreno el día de los inocentes del año 2005, y dos años y medio después terminó recibiendo una fortuna para esa mínima inversión: $170.000 en efectivo.
Eso es al menos lo que ella mismo dijo el martes 13 ante la jueza penal María Inés Rosellot, que investiga si hubo una red delictiva dedicada a estafar a la provincia con los precios inflados de las expropiaciones. Pero su testimonio no se ajusta a las cuentas de ese juicio: porque lo que se liquidó en el proceso del que Infante tenía el 35% fueron 1.188.000 pesos (el 35% es más de $400.000), y la mujer nunca admitió la semana pasada haberle firmado un poder a Santiago Graffigna, el abogado que habría recibido todo el dinero de acuerdo a los libramientos extendidos por la jueza Rosalba Marún de Soblevio a nombre de ella.
Es más, los pagos por el 35% del juicio e n cuestión salieron a nombre de Infante y fueron por $270.000 y $145.000. ¿Porqué la mujer dijo que ella recibió sólo $170.000?, ¿quién cobró el resto?, ¿la engañaron, o hay algo que oculta? Todas esas preguntas aún no tienen respuesta y son un condimento más de este escándalo.
El expediente en el que intervino la señora Infante es llamado Suraty, uno de los que aparece bajo sospecha en la megacausa y por el cual la maestra debió ir a declarar. Se trata de un terreno en Rawson que estaba en poder de las mujeres de la Sociedad San Vicente de Paul que fue expropiado para construir allí el barrio Orzali. El juicio se inició en 1988 y tuvo su primera sentencia en 1991, pero el abogado de las damas, Gustavo Mulet, nunca lo pudo cobrar.
Hasta que a fines de 2005 aparecen en escena una mujer llamada Mónica Almeida y un hombre llamado Miguel Suraty. Almeida era empleada en el estudio jurídico que compartían Gustavo Mulet y Carlos Infante –abogados de la sociedad dueña del terreno- y compró el 35% de los derechos a las mujeres. Suraty declaró esta semana ser amigo de Graffigna y compró el 65%. En el momento de la operación, el proceso tuvo sentencia de cobro en firme: en noviembre del 2002, la jueza civil Miriam Bettio –esposa del entonces fiscal de Estado Mario Díaz, ahora llamado a indagatoria- fijó la suma de $1.013.849 como liquidación final. ¿Y porque, entonces, las mujeres de beneficencia vendieron los derechos del juicio? Ante la misma jueza, su titular, Carmen Arévalo de Del Bono, dijo que Graffigna las engañó y no les dijo que estaban por cobrar.
Pero resulta que Almeida no se quedó con esos derechos y se los transfirió al año siguiente a Infante, en los mismos $5.000 que había pagado ella. Infante dijo esta semana a la jueza Rosellot que Almeida quería irse de la provincia (dijo que había dicho que era abogada, y no lo era) y por eso le ofreció la cesión del derecho, que ella lo consultó con su hermano –el abogado Carlos Infante- e hizo la operación. Pero que no sabía dónde quedaba el terreno: pagó $5.000 por algo que no sabía ni dónde estaba.
Tampoco sabía Infante, de acuerdo a lo que le dijo a la jueza, en qué estado estaba el juicio cuyos derechos estaba comprando, ni quién lo llevaba, y que su hermano nunca le dijo que eran ellos mismos junto con Mulet. Y que tampoco sabía que ya había una sentencia dictada en el momento que ella estaba adquiriendo la sesión.
Un año más tarde, Infante protagonizaría un hecho que sería una bisagra en la causa: recusó con causa a la jueza Bettio. Y en su declaración de esta semana, agrega un dato importante: que el escrito fue firmado por una doctora de apellido Zamora, que trabajaba en conjunto con Mulet e Infante. No era Graffigna.
El asunto se armó al momento de cobrar. Dijo Infante que a ella le tocaron $170.000, que era su parte de la sentencia según su hermano Carlos Infante, y que él le dijo lo que tenía que cobrar, lo que se hizo a fines del 2008. Pero en setiembre ese mismo año, la jueza Rosalba Marún de Sobelvio -a quien le cayó la causa por la recusación de Infante a Bettio- autorizó la liquidación de un juicio que llevaba 20 años en litigio y nunca había sido ejecutada. Le puso la cifra de $1.188.433, que era lo que había reclamado Graffigna –el abogado de Suraty, dueño del 65%- con las actualizaciones.
El 35%de esa cifra son más de $400.000 pesos, pero Infante dijo haber cobrado sólo $170.000 por consejo de su hermano, el socio del anterior abogado de la sociedad que nunca pudo cobrar y cedió los derechos con el fallo a favor. Lo más sorprendente es que Infante dijo esta semana no haber visto nunca a Graffigna ni haber firmado un poder a favor suyo.
Nadie explicó en la audiencia de esta semana porqué los libramientos fueron habr+ian sido retirados por Graffigna. Infante sólo se limitó a dar su versión sobre qué hizo con el dinero, si es que alguna vez lo tuvo: compró un Renault Clio y se fue de viaje. Ahora, deberá transpirar en Tribunales.

También declaró Suraty: yo no fui

Miguel Suraty le puso su apellido a esta causa escandalosa y declaró el 8 de noviembre. Dijo que es amigo de Santiago Graffigna y que lo conoce por el rugby desde hace 32 años. Y que su amigo le ofreció un negocio, para el que debía hacer un aporte en dinero, que luego recuperaría con una diferencia a favor.
Suraty dijo haber aportado 46 mil pesos. El poder se firmó por $10.000 y las dueñas cedentes de los derechos, las mujeres de la sociedad San Vicente de Paul, hablaron de $60.000. Pero Suraty dijo que salió enseguida: le pidió la plata a Graffigna, y éste se la devolvió sin un peso más. Y se fue, sólo le quedó el apellido en la causa.

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Puso $5.000 y sacó $170.000: flor de negocio, pero eso no sería todo

Es el caso de una mujer que compró un juicio que ya tenía sentencia. Declaró esta semana y dejó sospechas de todo tipo: que la plata que dice es menos de lo que debería haber cobrado, y cuál fue el rol de Graffigna. Por Sebastián Saharrea.

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